La democracia está en riesgo. Han regresado los fantasmas de los golpes y autogolpes de Estado. El ambiente previo a los comicios primarios de marzo y a las elecciones generales de noviembre de 2025 está agitado por la divulgación de los “narcovideos” en los que aparecen o son mencionados miembros del entorno de la familia presidencial. La respuesta del Gobierno a semejante escándalo ha sido segregada y radical. Junto a sus ministros de Seguridad y de Defensa, la mandataria, Xiomara Castro presentó una lista de políticos y de empresarios a quienes se les ha vinculado con sociedades de corrupción y del crimen organizado. Pero, dicho sea de paso, en esa comparecencia se guardó silencio cómplice. No se hizo alusión a los informes y grabaciones que han salido a la luz y que ponen en evidencia cómo ciertos parientes en el poder entraron en el pasado reciente en negociaciones con los narcos. Frente a tales evidencias, Libre ha recurrido a su argumento sin crédito de que fuerzas oscuras internas y externas se han reagrupado con el fin de propinar un nuevo golpe de Estado. Más turbio se vuelve el entorno político e institucional cuando se han hecho propagar las tesis de que el Gobierno del Socialismo Democrático estaría fabricando toda una plataforma para dar un “autogolpe”, con el bajo propósito de mantenerse en el poder por la fuerza. Otro hecho que no hay que pasar inadvertido es que líderes políticos en la oposición y directivos de organismos que luchan por la integridad y moralidad en el desempeño de las funciones públicas se han pronunciado por una honrosa rectificación del Gobierno en su desacertada decisión de denunciar el tratado de extradición o, en su defecto, que renuncie la familia Zelaya Rosales-Castro Sarmiento Los tentáculos de la corrupción y del crimen organizado han penetrado hasta las entrañas nuestra actividad política y nuestras instituciones. Los hondureños estamos entre las amenazas de que sea montada una Constituyente y los rumores de que ocurra un golpe o un autogolpe de Estado. Estamos en riesgo de que se repita la crisis político-institucional del reciente pasado, cuando el exgobernante Zelaya Rosales se empecinó en montar la cuarta urna, en ruta a una Constituyente que le permitiese perpetuarse en el poder. Desde la condición de ciudadanos de este país, nuestro reclamo está dirigido a que los gobernantes de turno abandonen su trinchera ideológica donde se han engendrado los espectros de un rompimiento del orden institucional. La tragedia de nuestro país es que se han tejido las redes de la corrupción y del narcotráfico que han secuestrado nuestro Estado de Derecho. Es imperativo erradicar ese cáncer. Estamos perdiendo al país, mientras se consolida la narcodictadura y toman cuerpo los fantasmas de las dictaduras, los golpes y los autogolpes. Que prevalezca la decente relación entre el Gobierno, el poder y el pueblo.