La lucha contra la criminalidad debe ser planificada, estratégica e integral, porque se trata de una confrontación entre las estructuras de violentos y las fuerzas de seguridad y del orden.

En nuestro país, sin embargo, parece que hay terreno libre para las organizaciones de forajidos por varias razones: una de tales se refiere a las discrepancias entre las mismas autoridades de Seguridad en torno a la dirección que deben llevar las intervenciones para neutralizar las asociaciones delictivas.

A propósito de ello, esta semana se avivaron los choques en el alto mando de Seguridad. La subsecretaria, Julissa Villanueva, ha reprochado que es un “show” la frase “vamos bien” que suele emplearse como el marbete de las operaciones policiales; además, denunció que su trabajo es bloqueado y que no tiene eco.

Y mientras el ministro Gustavo Sánchez ha desvirtuado los graves señalamientos de la funcionaria, algunos oficiales retirados se han atrevido a pedirle que se haga a un lado porque “estorba” en las políticas de seguridad.

Tienen razón los organismos de derechos humanos y los criminólogos al manifestar su turbación porque “las narrativas” en la Secretaría de Seguridad no están en el mismo tono, en tiempos en que los malhechores atacan con ferocidad sin que les importe en absoluto el estado de excepción que rige en el país y que ha sido ampliado por 45 días más.

Porque, al margen de que las autoridades insistan en que “vamos bien”, que la tasa de homicidios se mantiene a la baja y que los delitos de extorsión y narcotráfico son combatidos con fuerza, la percepción es otra.

Las estadísticas de los organismos que siguen muy de cerca el tema de la criminalidad organizada no cuadran con los datos oficialistas. Son números que nos muestran como un país donde las bandas han endurecido el blanco: 15 masacres, decenas de familias desplazadas, 40 muertes en las cárceles, 127 mujeres asesinadas y 76 desaparecidos en 18 meses.

La inseguridad se ha incrementado, especialmente en sus expresiones de narcotráfico, extorsión, sicariato y asociación ilícita. Ante la embestida de los violentos el más grande error que puede cometer el Gobierno es actuar con una visión muy corta o demasiado apegada a discursos fabricados o muy populistas.

El asunto es que la criminalidad organizada se ha recrudecido. Sus organizaciones han encontrado espacios libres para sus intervenciones, pero los cuerpos de seguridad y de investigación no han afinado lo suficiente sus estrategias, incluidos los procesos de depuración de sus efectivos.

El anhelo de los hondureños de bien es que la batalla contra las estructuras delictivas tenga resultados verdaderos y no demagógicos ni arreglados.

La guerra contra la violencia criminal será bien librada siempre y cuando exista una política articulada, efectiva y estratégica, no sesgada ni plagada de discursos contradictorios o enclavados en las “dictaduras del pasado”.