¡Ojalá y la abultada cifra de 97,600 millones de lempiras que ha sido prevista para los mencionados objetos no se convierta en una repartición “a diestra y siniestra” de dinero para condicionar los votos en las urnas!
Los funcionarios de la administración de Partido Libre han anunciado con mayúsculo bullicio que esos recursos serán enfocados en las áreas de asistencia social, salud, educación, energía, combate a la violencia, seguridad alimentaria e infraestructura productiva en el ejercicio fiscal 2025.
Y entre estos renglones, es obvio que los de mayor significado son la reactivación y el fortalecimiento del aparato productivo, lo mismo que la elevación de las condiciones de vida de la mayoría de hondureños que atraviesan una crisis sin igual.
Es lo justo y necesario, porque los más sacudidos por la pobreza y el bajo nivel de desarrollo humano, deben ser –en todo tiempo- sujetos de las políticas, programas y proyectos enmarcados en la visión de país y plan de nación.
En Honduras está invertido el orden de prioridades, lo cual se pone de relieve cuando revisamos el comportamiento de la inversión pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
En el ciclo 2018-2022, por ejemplo, la cantidad de recursos presupuestados para este objetivo vino en caída desde 4.5 a 1.4 por ciento.
Y en el actual período, una característica común es la baja ejecución de la inversión pública. A la fecha, apenas han sido devengados 5,650 millones de lempiras, apenas el 30 por ciento de la partida.
Otro de los indicadores que crean incertidumbre es que el crédito del sistema financiero para las empresas se ha derrumbado desde un 20 por ciento a un 8.5 por ciento.
Es un comportamiento desalentador. Si hay menor financiamiento, el resultado es una pobre inversión y, desde luego, baja capacidad para generar empleos.
El Gobierno debería de tomar las previsiones oportunas, inteligentes y razonadas, con el objetivo de empujar con más fuerza la inversión social y mantener el orden de las finanzas.
Los grandes sectores de la población sufren el golpe de la inflación, la producción desacelerada, la caída de la inversión y las proyecciones no muy alentadoras sobre el crecimiento de la economía.
La inversión pública orientada puntualmente a estimular el aparato productivo, la seguridad alimentaria y la protección social son vitales. No pueden ser una acción postergada ni disminuida en sus alcances.
La calamidad social, el estancamiento económico y las feroces confrontaciones político-ideológicas son problemas que hay que enfrentar y resolver porque seguramente nos tocará pagar “muy caro” sus consecuencias.
