En materia de corrupción no puede existir "indulgencia", ni olvido; mucho menos impunidad para los culpables de actos deleznables como el de los hospitales móviles.

En Honduras ha sido consuetudinario que los escándalos de esta especie permanezcan en la palestra pública por un tiempo efímero y luego se dispersen de la memoria colectiva.

En el caso de las estructuras sanitarias temporales que fueron adquiridas de manera fraudulenta por 1,200 millones de dólares, es inaceptable que las leyes se manipulen de tal manera que el brazo de la justicia no toque a los siniestros personajes involucrados.

La falta de castigo es la regla que prima en Honduras para los deshonestos que se apropian de los fondos públicos. Ahí encontramos la explicación al porqué la Fiscalía ha intervenido tibiamente, el Poder Judicial lo haya hecho como un ente inválido y los organismos anticorrupción sean una voz en el desierto que pide justicia para los que se apropiaron de semejante cantidad de dinero.

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El Tribunal Superior de Cuentas tampoco ha ejercido con firmeza su atribución de auditoría. Y en lo que corresponde a la Procuraduría General de la República, sus superiores se escudan en que la intervención suya está limitada por las leyes que no les faculta para proceder de oficio en defensa de los intereses de Honduras.

A más de un año de haber sido perpetrado en menoscabo del pueblo hondureño en plena pandemia, No hay castigo para los hechores ni para los "cerebros" de dicho crimen. ¿Un reflejo del estéril trabajo o complicidad de los operadores de justicia y de los mismos Poderes del Estado?

Dos implicados son procesados, pero No se ha iniciado acción alguna para "desenmascarar" y poner en manos de la justicia a los personajes que también tuvieron una participación desde sus posiciones de poder, mientras el intermediario de la empresa Elmed Medical System, Axel López, goza de libertad a pesar de que las autoridades hondureñas vociferaron que se había librado una orden internacional de captura en su contra.

Ninguno de las unidades móviles que también han sido bautizadas como "chatarras" ha entrado en funcionamiento, excepto el que fue instalado en San Pedro Sula, Cortés, y -en alguna medida- el conectado en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Los otros -los destinados a Choluteca, Copán, El Paraíso, Olancho y Atlántida- están abandonados, con muchos de sus módulos incompletos, sus sistemas incompatibles, obsoletos, dañados o con fallas de la más diversa naturaleza.

Especialmente reprochable es el despilfarro de al menos 800,000 lempiras en viáticos otorgados a un grupo de empleados por parte de Invest-Honduras para la puesta en marcha los hospitales, según ha trascendido; lo mismo que la presentación de solicitudes de última hora dirigidas a una mayor asignación de dinero con fines de concluir las labores de apertura completa de las unidades asistenciales.

Es casi un hecho que No vamos a recuperar el dinero "robado" sin ningún pudor, ni escrúpulos por los que entraron en el "sucio negocio de 1,200 millones de lempiras". Lo que No hay que permitir es que prospere la impunidad para los actores del triste episodio de los hospitales móviles!.

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