A través de los tiempos se ha dicho aquí que ganarle una demanda al estado es como pegarle a un bolo, y que suscribir contratos lesivos y leoninos en los que también al estado casi siempre le toca bailar con la más fea, es moneda de curso corriente.
Ahora que el CNA ha sacado a luz pública el convenio de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola en el que el estado de Honduras está metiéndole a su construcción alrededor de 125 millones de dólares sobre 87 millones que invertirá la empresa concesionaria, quedan en evidencia de nuevo, las conspiraciones que a manera de subterfugios contractuales o negocios chuecos, siguen lacerando los intereses generales del país.
Siendo que eso sea así, el estado –pobremente- sigue siendo ofertado y negociado a precio de gallo muerto por malos funcionarios, malos hondureños, que, a través de esas lesivas acciones, desvalorizan el patrimonio nacional y devalúan al país como tal.
¡Condenan a Honduras a regalarse!
Y esa ha sido lamentablemente una constante a través de los tiempos, a través de los gobiernos. Convenios y pingues negocios para el estado de Honduras pero que resarcen de dividendos a los funcionarios que los suscriben. Que rebosan de beneficios a las empresas o concesionarias contratadas, que a la vez terminan pagándole millonarios sobornos a los que las contratan.
Lo que el Consejo Nacional Anticorrupción acaba de denunciar no es más entonces que otro eslabón, oneroso y lesivo, de esa pesada cadena que el estado de Honduras debe seguir arrastrando, en detrimento de sus intereses nacionales y su valorización patrimonial.
Pasó recuerdan con el peaje en la carretera CA-5. La concesionaria vial se repartió con la tajada más grande de ese pastel, dejándole al estado de Honduras cargas como por ejemplo, reconstruir un tramo de unos cinco kilómetros en el valle de Comayagua que quedó abandonado, y que cuando ya esté terminado entonces la tal concesionaria de capital ecuatoriano, asumiría su mantenimiento pero a través de la revisión al alza del peaje.
Contratos como el del aeropuerto de Palmerola en los que los dividendos y beneficios se inclinan de una manera desproporcional a favor de las empresas o concesionarias, generalmente extranjeras.
¿Y el abogado del Estado? ¿y la institucionalidad que debe velar por los intereses generales y por el empoderamiento de la premisa constitucional de que el interés social y general debe prevalecer sobre el interés particular o personal?
¿Acaso no estaríamos aquí ante una acción de lesividad y franca afectación de los intereses patrimoniales del Estado?
La otra arista del eterno debate: la cooptación histórica de las instituciones que como la Procuraduría de la República o el Tribunal Superior de Cuentas se crearon para defender los intereses generales y patrimoniales del Estado.
Los defensores legales encargados de intervenir y anular la adjudicación irregular de contratos y convenios lesivos y desventajosos para el Estado de Honduras!.
¿No es aquí cuando tienen que intervenir?
Cuando tenemos evidencia de contratos como estos que dañan o perjudican al Estado, es cuando la institucionalidad, en función de su propia credibilidad y razón de existir, tiene que levantar la mano y salir al rescate de la misma valorización del país y de su prestigio, lamentablemente lacerado por este tipo de concesiones “chuecamente” negociadas.
