La lucha contra la opacidad en la administración del Estado ha sido una fachada en Honduras.
Un solo ejemplo basta para para llegar a esa deducción: los políticos de distinto signo están metidos en “componendas” para impedir que se forme juicio político contra aquellos actores que pusieron en peligro el proceso electoral y pusieron en estado de vulnerabilidad la Constitución.
En la administración pasada, la amnistía política fue el centro de las críticas más ácidas. El decreto de perdón concedido a los personajes que se declararon “perseguidos y víctimas del Golpe de Estado” y en los tiempos que corren, parece que está en gestación un pacto para proteger a los conspiradores de la democracia.
No es extraño, porque la batalla contra la corrupción y la impunidad ha resultado ser un fracaso en Honduras, pese a que la transparencia y la rendición de cuentas ha sido un socorrido compromiso de los gobernantes en diferentes períodos de nuestra historia.
Las redes de la impunidad se tejieron para hacer que el proyecto de la CICIH fracasara como ocurrió con la MACCIH, cuya salida apresurada fue, precisamente, una obra de los corruptos y de sus cómplices.
La corrupción y la impunidad son la génesis de nuestro retraso económico y social, de las condiciones de vida deplorables de la mayoría de los hondureños, del populismo y del debilitamiento del Estado de Derecho.
La corrupción es un engendro y es la causa por la que el país pierde cada año el 12 por ciento de su Producto Interno Bruto, la razón por la que seis de cada diez compatriotas viven en pobreza y el motivo que explica nuestra miseria institucional y el vacío de liderazgos decentes.
Los datos plasmados en los estudios y análisis muestran que la falta de transparencia se extiende en la medida en que la pobreza se ha profundizado. Mientras los deshonestos se benefician, los excluidos luchan por sobrevivir.
La justicia les ha sido leve a los corruptos en Honduras. De un total de 126 sujetos que fueron imputados en 13 expedientes emblemáticos investigados por organismos nacionales y en 14 casos presentados durante la fallida presencia de la MACCIH, apenas seis llegaron a ser condenados.
Los corruptos están blindados en Honduras. Ésta es la realidad que hay que revertir en aras de recuperar la esencia de las instituciones, devolverle la legitimidad al Estado de Derecho, atender la voz inapelable del pueblo y hacer justicia a las víctimas de los deshonestos.
La amnistía política aprobada en el Gobierno de la Refundación fue un “pacto de impunidad” y los “arreglos” que están en curso para bloquear el juicio político en contra de los conspiradores de la democracia, también son prácticas corruptas que hay que erradicar.
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