Hay un precepto que reza que ninguna lucha social y ningún movimiento de protesta popular será exitoso sino cuenta con el respaldo legal o carece de un asidero amparado en el orden jurídico.
A mediados de semana la Universidad Nacional Autónoma de Honduras interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, ZEDE, para fundamentar por la vía legal su oposición y rechazo a un proyecto que hasta ahora sólo había sido cuestionado a través de las redes sociales, de pronunciamientos y comunicados, y de todavía tibias jornadas de protestas en las calles.
El cuerpo legal de la máxima casa de estudios ha hecho finalmente lo que los constitucionalistas reiteradamente venían recomendando. Recurrir al marco legal y apelar a la Ley sobre Justicia Constitucional para probar la ilegalidad de la Ley Orgánica de las ZEDE que en el tema de la academia, usurparía el mandato constitucional del Consejo de Educación Superior que le otorga autonomía plena sobre las políticas educativas y curriculares que rigen en el territorio nacional.
El paso que ha dado la Universidad Nacional y las máximas autoridades de la educación superior del país no es entonces cualquier cosa. Es que además de que sólo protestando en las calles y menos con comunicados y pronunciamientos en los medios, no se lograría parar la instalación de las ZEDE en Honduras. Juristas y constitucionalistas casi que se estaban hastiando de estar repitiendo lo mismo! Para parar la ilegalidad de las ZEDE hay que ampararse en el marco legal para probar la ilegalidad de esos proyectos.
Reza otro precepto que cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar con insolencia la cabeza, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley por la vía legal y a través de la estructura jerárquica del orden jurídico nacional, no están entonces cumpliendo con su deber.
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Con la mera arenga de “fuera las zedes” no legitimaremos el respeto a la legalidad como forma indispensable para la consolidación de la soberanía nacional y de nuestra vida democrática. Con los recursos legales que la misma jurisprudencia o el marco jurídico nos permiten como ciudadanos en derecho pleno disponer, sí vamos a poder probar que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico violentan la Constitución de la República y su forma de gobierno, se abrogan funciones y facultades que la legislación nacional le reserva a los municipios y transgreden la autonomía y el mandato constitucional del Consejo Superior Universitario al concederles a las ZEDEs, a través de su ley orgánica, poder establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles.
Pero sólo gritando “no a las ZEDE” no iremos a ningún lado como sociedad que rechaza ese proyecto, a probar que su modelo constitutivo podrá establecer y controlar sus propias agencias de seguridad, incluidas su propia policía, sus autónomos órganos de investigación, servicios de inteligencia, fiscalía penal y hasta su propio sistema penitenciario.
Y después de la Universidad Nacional tienen que seguir los demás y todos los que han cerrado filas, mediáticamente hasta ahora, contra con este modelo. Frente a un proyecto que vale decir aún es posible detener, que atenta contra los intereses de la nación, que será capaz de vulnerar los artículos de naturaleza pétrea, es entonces y sólo la vía legal, la que va a detener esta ilegalidad a punto de transgredir los rescoldos de soberanía y nacionalidad que aún nos quedan.
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