Por la víspera, deducimos que la discusión y aprobación del Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2021 será un proceso controvertido.
Se han dado a conocer algunas líneas del plan de ingresos y gastos para el período entrante, cifrado en 288 mil millones de lempiras, de las cuales se desprenden muchas dudas y cuestionamientos que las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional están obligados a aclarar.
Porque en tiempos de crisis resulta nocivo que la asignación de partidas presupuestarias esté condicionada por conveniencias grises o por criterios de inequidad.
Sabemos de sobra que el Presupuesto de la República nunca ha sido un instrumento fiscal para la planificación del desarrollo del país. También conocemos muy bien que los recursos públicos no han sido administrados dentro de las reglas de la racionalidad y del equilibrio.
Tampoco se han establecido las prioridades del país. Por tal virtud es que los conocedores de las finanzas han recriminado de manera sostenida que los montos proyectados en las últimas décadas han ido más a los rubros de defensa y de seguridad y, en menor proporción, a los renglones de salud y de educación.
Directivos del Congreso Nacional y funcionarios del Gabinete Económico, se han comprometido a definir las necesidades de financiamiento de Honduras en su etapa de reconstrucción y de transformación.
Y, en este cometido, han afirmado que se incrementará la asignación presupuestaria para el sector de salud, en un 14 por ciento, y para el rubro de la educación en un regular porcentaje.
En el caso de la salud, los fondos adicionales serían orientados a fortalecer la red hospitalaria, los servicios primarios y para financiar la compra de la vacuna contra el covid-19, a fin de garantizar el acceso de la población a la inmunidad frente a la pandemia.
Pero lo de la compra de la vacuna merece, en el análisis, una particular atención.
El pueblo hondureño ya no puede ni merece que se le siga esquilmando, por tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional tienen el deber moral con esta vituperada población de comprar una vacuna contra el covid, con las garantías plenas de que dicha compra no será sobrevalorada, no será adulterada, y no se dará a destiempo como ocurrió con los tristemente célebres hospitales móviles.
Y eso ya no es mucho pedirle a una clase política que aquí ha estado acostumbrada a jugar con el sentimiento de la gente. Es bastante dinero lo que está de por medio y es la vida misma de los hondureños lo que está en juego.
De ahí que los hondureños tengamos muchas reservas en cuanto a este asunto de la compra de la vacuna. De ahí el recelo que nos generan los compromisos de los políticos.
Por mucho que ahora los legisladores hayan prometido dar pie al debate y aprobación de un presupuesto austero, balanceado y en sintonía con los malos tiempos que vive Honduras y con las dificultades que nos esperan en 2021.
Tenemos indicios para poner en tela de juicio tales discursos que son los mismos que hemos escuchado de parte de los políticos cuando se trata de ofrecer respuestas a las situaciones de apremio económico y social.
A manera de fundamento, citamos la confidencialidad de la Tasa de Seguridad, sobre la cual no se ha rendido un informe creíble de su manejo y de cómo son orientados los fondos aportados con el sacrificio de sectores económicos clave y de importantes segmentos de la población. ¿Por qué no son empleados estos dineros a apoyar el plan de egresos?
Asimismo, censuramos de manera enérgica que las autoridades del país le den largas a la demanda generalizada de elaborar un plan de adelgazamiento del Gobierno y de revisar los salarios que devengan un grupo de funcionarios de alto rango y que, por cierto, son sumas que resultan estratosféricos y ofensivas para la mayoría de la población golpeada por la pandemia y por los eventos climáticos.
¿Por qué se pretenden sacrificar renglones presupuestarios esenciales, en lugar de privilegiar lo que es fundamental y trascendente para nuestro desarrollo?
En tiempos de aprietos económicos, de profundas desigualdades sociales y de tremenda incertidumbre sobre lo que ocurrirá en 2021, las finanzas del Estado tienen que ser dirigidas a las verdaderas prioridades del país: Dinamizar el aparato productivo, favorecer a la población deprimida y sortear las dificultades causadas por la emergencia que vive Honduras. No hay espacio para otros fines ni para desviar los limitados recursos con los que contamos.
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