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Cuando estamos amenazados por una severa sequía que nos coloca en emergencia alimentaria, es inadmisible que los políticos tengan metidos sus tentáculos.



No entendemos cómo los programas de asistencia agrícola han tomado un tinte sectario como si las advertencias de una raquítica producción, riesgo de hambruna y mayor pobreza tuviesen “color político”.



Alcaldes de municipios golpeados por la miseria, afectados por la desigualdad social y condenados por el abandono del Gobierno, han denunciado que el bono tecnológico es distribuido conforme a criterios políticos; en este caso, los beneficiarios son preferentemente activistas del partido en el poder.



Este beneficio que debería ir dirigido a los agricultores, es entregado a quienes No se dedican a la labranza, pero que han sido incluidos como receptores del mismo por el mérito de ser líderes o dirigentes de Libertad y Refundación.



Estos personajes se han valido de su influencia para monopolizar la asistencia técnica y crediticia, condicionar su entrega y obtener dinero a cambio de llevar ayuda a los agricultores.



Así ha ocurrido en los gobiernos anteriores y así sucede en la administración de la Honduras "refundada". El campo sigue abandonado, no obstante que los modelos meteorológicos indican que estamos bajo acecho del fenómeno de El Niño que trae consigo sequía, inseguridad alimentaria y pobreza.



Están declarados en alerta amarilla 84 municipios, la tercera parte del territorio nacional, donde se ha proyectado que la producción se deprima, tanto por los caprichos de la naturaleza como por la parálisis del sector público agrícola.



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Es una vacía proclamación, porque en la práctica el campo está desatendido, con todo y que aporta el 12.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y representa el 35 por ciento de las exportaciones.



El sector agrícola no es una prioridad en el pliego de acciones gubernamentales. El respaldo técnico y crediticio está plasmado por escrito; en la realidad, el fondo de mil millones para la repartición del bono tecnológico productivo es un “puro instrumento politizado”.



Un fiasco es también la línea de crédito de 2,400 millones de lempiras que el Gobierno anunció que se pondría a disposición de los campesinos, a través de BANADESA.



Ese dinero no ha llegado a los pequeños y medianos productores que cada año emigran hacia otras actividades. El costo de los insumos ha ocasionado la pérdida del 50 por ciento de la cosecha agrícola, y apenas 80,000 de 340,000 hectáreas tienen programas de irrigación.



Honduras solamente produce el 40 por ciento de la demanda de bienes de consumo. ¡Cómo no, si cada año el área cultivada de granos básicos se reduce en 12,000 manzanas y 270,000 personas se agregan a la población en riesgo alimentario!



Es imperioso que se adopten nuevos enfoques como las intervenciones agrícolas en beneficio de la población en vulnerabilidad e invertir en la reducción de riesgos para garantizar que nadie se quede “atrás”. ¡Es volver la mirada al campo sin la contaminación de la política!.



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