Mientras más se escudriña en las compras realizadas a la luz de la emergencia provocada por la pandemia, más detalles salen a relucir sobre las pérfidas motivaciones de quienes se han metido en el “negocio” de proveer al Estado de Honduras equipo, insumos y medicamentos.
No han desaprovechado oportunidad alguna los personajes que siempre están a la caza de dinero obtenido por la vía más torcida o a la sazón de situaciones extraordinarias, como la contingencia a la que estamos abocados.
En estos días que corren son instalados los hospitales móviles que atenderán pacientes covid en la capital y en San Pedro Sula. Está pendiente de ser desentrañado qué ocurrió con las otras cinco estructuras que fueron contratadas por Invest Honduras en la administración de Marco Bográn.
No hay información fidedigna si en realidad los hospitales fueron gestionados, ni cuándo serán embarcados o en qué fecha serán entregados y en qué condiciones. Tenemos la experiencia de las dos primeras clínicas de campaña que fueron enviadas con algunos de sus componentes en mal estado, ya utilizados y con fecha de caducidad cumplida.
Es un capítulo ignominioso que posiblemente se asemeje o se diferencie por mucho con la abominable estafa cometida en menoscabo del Seguro Social.
Es increíble que ante semejante escenario de putrefacción, las puertas de la transparencia parecen haber sido cerradas y que el bloque de los corruptos -en complicidad implícita con algunos de los órganos estatales obligados a combatir la deshonestidad- hayan colocado cerrojos para impedir que se haga justicia pronta y expedita.
El Ministerio Público tiene activas muchas líneas de investigación, inspecciones ejecutadas, documentos secuestrados y la declaración de una decena de funcionarios, pero –al final- nada concreto sobre la deducción de responsabilidades penales.
El Tribunal Superior de Cuentas ha emitido un informe que no ha llenado las expectativas en cuanto a establecer con todo aplomo los argumentos de la fraudulenta operación de 1,200 millones de lempiras puestos en juego en la compra de los hospitales móviles.
El reporte del organismo contralor ha arrojado conclusiones tibias, ambivalentes y –lo que es más cuestionable- ha puesto de manifiesto un dudoso compromiso de los magistrados con sus atribuciones de formular responsabilidades contra los culpables del desvío de fondos destinados a la emergencia.
“La Dirección Ejecutiva de Invest no se ajustó al estamento legal que rige el accionar de esa institución”. Es todo lo que se puede leer en el informe del Tribunal de Cuentas. Por mucho es, como lo afirma el Consejo Nacional Anticorrupción, un “fingido informe” seguramente condicionado por un conflicto de intereses.
El episodio de las carpas clínicas deja plasmada una desnaturalizada actuación de la Secretaría de Salud y una trama tendida en Invest-Honduras, bajo la presunción de que los funcionarios de alta categoría de ambas dependencias simplemente cumplieron órdenes superiores del Poder Ejecutivo.
¿Existe un pacto velado para defender a Marco Bográn, ex director de Inversiones Estratégicas? ¿Le tendieron una trampa a la sucesora del Bográn, Evelyn Bautista? ¿Cómo encaja en el rompecabezas el escándalo que generaron las conversaciones telefónicas entre la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, y Bográn sobre las cartas libres otorgadas a éste para las compras directas?
No son suficientes los discursos fabricados que una y otra vez son pronunciados acerca de hacer justicia con toda la fuerza de la ley a los corruptos que rebosan en esta era de desgracias.
¡Que no cuente solamente el inicuo caso de los hospitales móviles, también las otras líneas de podredumbre tales como la compra de equipo de protección personal, mascarillas, respiradores mecánicos para sólo traer a memoria unos cuantos ejemplos de las retorcidas transacciones realizadas en nombre de la urgencia de salud! ¿Hasta cuándo la corrupción y la impunidad? ¡Basta ya!
