Si el objetivo que persigue el Gobierno es adoptar medidas para el ordenamiento de las finanzas y la racionalización de los gastos, lo que menos conviene es sembrar incertidumbre.
Y esto es lo que han provocado algunos funcionarios de la Administración Central con sus desafortunados señalamientos contra la empresa privada respecto a las exoneraciones y el pago de impuestos.
Las acusaciones en el sentido que un sector de las empresas evade el pago de impuestos y que, en general, la iniciativa privada es responsable de que el fisco deje de percibir unos 45,000 millones al año a causa de las exoneraciones, tiene repercusiones de alta cuantía.
Con tales inculpaciones, los personajes con rango superior en el presente régimen no sólo se llevan de encuentro a todos los empresarios, sino que lanzan cieno sobre terreno de las inversiones que se han venido al piso por falta de seguridad jurídica.
El discurso de algunos de los funcionarios del poder popular retrata la imagen de un Gobierno enemigo de la empresa privada o, cuanto menos, en discordia insuperable con el sector que más genera riqueza y empleos y que contribuye a sostener las finanzas a través del pago de tributos.
Estos ataques arrojados indiscriminadamente contra la iniciativa, privada son inconsecuentes con las acciones que deberían emprenderse para responder a una economía que está camino a la recesión, a una expectativa gris respecto al crecimiento del PIB, un riesgo crediticio y fiscal en aumento, un endeudamiento asfixiante y una estrepitosa caída de la inversión extranjera que, para finales de este año, apenas llegará a 700 millones de dólares.
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Por razón del otorgamiento de exenciones fiscales, el Estado deja de recibir unos 45,000 millones de lempiras al año, equivalente al siete por ciento del Producto Interno Bruto. Estos datos son de sobra conocidos; de hecho, los empresarios nunca se han opuesto a la revisión del esquema de exenciones, a la luz de la equidad, la racionalidad y la integridad.
Una revisión del régimen de exoneraciones debe de permitirnos conocer si existe un retorno positivo frente al sacrificio fiscal que las mismas representan y qué ajustes tendrían que ser introducidos con fines de obtener resultados eficientes.
Es apropiado y meritorio que, por fin, se plantee un proyecto de racionalización de los privilegios fiscales, como se ha anunciado desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo, pero debe ser el producto de un diálogo sincero entre los sectores público y privado.
Es una prioridad evaluar todos los contrastes posibles para establecer equidad tributaria y un balance inteligente de las finanzas de nuestro país, sin dar "sombrerazos", ni enviar mensajes que sólo contribuyen a destruir el clima de inversión, que entierran las oportunidades de hacer negocios y que hunden más nuestra débil economía.
