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Una pregunta que nos planteamos con insistencia y que el Gobierno ha evadido o se ha negado a responder es: ¿Cuál es el sacrificio del sector público en la actual pandemia?



Convenimos en que es legítimo el reclamo de los empresarios para que sean suspendidos o reducidos los pagos a cuentas sobre la renta y que también sea revisado el Impuesto al Activo Neto.



Ciertamente, el esfuerzo mayor en el abordaje de la contingencia epidemiológica lo ha comprometido la iniciativa privada, en contraste con la inercia del gobierno.



Es uno de los sectores que ha resultado mayormente dañado por la plaga. Las empresas han permanecido cerradas desde marzo, cuatro de cada diez unidades productivas han cerrado por la incapacidad de sostenerse a flote, han tenido que suspender o despedir a casi medio millón de sus colaboradores y, en la presente fase de la reapertura inteligente, apenas funcionan con el 20 por ciento de su fuerza laboral.



A contrapelo, el sector público no ha adoptado acciones tendientes a reacomodar el funcionamiento del aparato económico, reordenar el sistema financiero y ajustar la estructura tributaria a los momentos de crisis por los que cruzamos.



Que nosotros sepamos, no se ha dado un solo paso conducente a aliviar el peso del Gobierno y a reducir la gigantesca planilla de burócratas, particularmente la nómina de aquellos servidores que vegetan en cargos con salarios estratosféricos que oscilan entre 100,000 y 300,000 lempiras mensuales y que nos toca pagar a los hondureños.



Se ha desestimadola necesidad apremiante de hacer desaparecer, liquidar o fusionar las dependencias estatales que tienen funciones inútiles y duplicadas y que forman parte del pesado y voraz aparato burocrático.



No pasamos por alto que para 2021 se ha presupuestado una voluminosa cifra de 288 mil millones de lempiras para alimentar a una paralítica maquinaria de la Administración Central y de las entidades descentralizadas.



Solamente para el renglón de sueldos y salarios está prevista la erogación de alrededor de 79,000 millones de lempiras en tiempos en que deberíamos sujetarnos a las reglas de la austeridad, con vistas a contar con más recursos para levantar de su postración a las empresas, crear fuentes laborales, atraer inversión y mejorar la competitividad.



No entendemos, entonces, por qué persiste una especie de terrorismo fiscal contra un sector, como la empresa privada, que genera riqueza, empleo y recursos que son entregados en concepto de impuestos al Estado.



Pareciera que la consigna es asfixiar a las empresas, sepultar los reducidos trabajos que aún quedan abiertos y propiciar circunstancias mucho más difíciles para el país, suficientemente afectado por la pandemia covid-19.



Lo que nos depara no es minúsculo. Al término de este año los ingresos tributarios habrán descendido en 45 por ciento; el desempleo pasará de siete al 12 por ciento, en el mejor de los casos; la deuda púbica, rondará los 16 mil millones de dólares, con una relación de 60 o 70 por ciento del Producto Interno Bruto; y la economía retrocederá en 11 por ciento.



El orden del día nuestro debe ser la búsqueda de consensos alrededor de una reactivación integral de nuestro aparato productivo y de nuestra plataforma social, lo cual precisa de esfuerzos serios con responsabilidades mancomunadas y sacrificios compartidos.



Si no es así, entraremos en una debacle peor que la pandemia por sí misma, lo que nos costará muy caro y dejará a Honduras convertido en un país inviable. ¡Sacrifiquémonos todos para evitar que esto ocurra!



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Editorial HRN: Sacrificio de todos para reactivar la economía y salvar empresas y empleos