Hay señales inequívocas que apuntan a una recesión de las economías de Estados Unidos y de Europa con derivaciones drásticas para países de menor capacidad productiva y mayor desigualdad social.
Con todo y los signos de peligro que son manifiestos en el mercado externo, y que seguramente se van a extrapolar a la actividad económica de Honduras, nuestras autoridades permanecen impasibles, sin adoptar las medidas de política fiscal, cambiaria y monetaria que son precisas para las difíciles circunstancias que vivimos y para contener la tormenta que se avecina.
Una disminución en la actividad económica internacional -particularmente en Estados Unidos- repercutirá en más desigualdad, pobreza, exclusión social y -desde luego- menor desarrollo económico y mínimo consumo por las elevadas tasas de inflación en nuestro país.
También se traduciría en un desplome de las exportaciones, la caída de las inversiones, la disminución del empleo y el derrumbe de los ingresos de nuestro país. ¿Cuál es el plan de las autoridades nuestras para responder a dicho escenario? Que sepamos, ninguno.
La evaluación de la calificadora Standard and Poor´s sobre el riesgo país para Honduras arroja que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), se desacelere en alrededor de tres por ciento en 2022, como resultado de limitadas obras de infraestructura y deterioro fiscal.
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Hasta la saciedad hemos escuchado que un repliegue económico, sumado a la inflación, es el peor impuesto que cae sobre la población. Esto nunca fue tan válido como ahora, cuando el precio de los productos y de los servicios se ha incrementado a un ritmo más rápido.
Dos mil veintidós va a terminar con un porcentaje inflacionario de dos dígitos, que los empresarios estiman en 10.30 por ciento, todo un lastre para los segmentos que viven en condición de pobreza.
Las autoridades en funciones, como las anteriores, observan la desaceleración económica, conjugada con la inflación, de una manera muy simple y circunstancial. A menos que estén en borrador, no contamos con las previsiones económicas y fiscales que tendrían que haber sido definidas sin demora.
No tenemos un entorno favorable al crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto; más bien, un conjunto de factores que nos arrastran a un deterioro de las finanzas y al decaimiento de la condición social de la población.
No deben postergarse las disposiciones que garanticen la estabilidad de precios, la buena posición de las reservas internacionales, la reactivación de las principales actividades económicas, el impulso de la inversión, la revitalización productiva y la movilidad social.
Se trata de adaptar a las circunstancias inciertas que se han pronosticado para el año entrante, la economía hondureña que es pobre y que tropieza por la falta de inversión y la ausencia de políticas focalizadas en el crecimiento constante y en la distribución más justa de la riqueza.
