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Han sido un revés total las acciones que en el pasado y en el presente se han puesto en vigor para recuperar el control de las cárceles y convertirlas en centros de privación de libertad donde los delincuentes paguen, en efecto, por los actos cometidos.



De sobra sabemos que las cárceles se transformaron desde hace muchos años en catedrales del crimen, en centros de trasiego de armas y droga, y en unidades de planificación de asesinatos, extorsión y secuestros en complicidad con los mismos funcionarios y agentes de seguridad del sistema penitenciario.



El hacinamiento, la mora judicial y la colusión entre autoridades y agrupaciones del crimen organizado, son los factores que primordialmente han contribuido a crear el entorno salvaje del aparato carcelario hondureño.



Los establecimientos de privación de libertad tienen una población que sobrepasa en 70 por ciento su capacidad, la relación de presos que están en espera de una sentencia es de seis por cada diez, las revueltas son un común denominador y, en general, los criminales son los que tienen el poder en sus manos. Son ellos quienes imponen sus reglas y dictan sus leyes.



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El control ejercido por los criminales en el interior de las cárceles es absoluto. Los enfrentamientos con saldo mortal, el tráfico de drogas y armas, para sólo nombrar algunos hechos, son evidencia de la vorágine de todo el sistema penitenciario



Ha sido manifiesta la debilidad administrativa y de operación de las autoridades gubernamentales en todos los períodos, más allá de que han tratado de cubrir su culpa y se han esforzado por justificar que se les escapó de las manos el aparato de reclusión nacional, cuya seguridad ha sido traspasada de los cuerpos élite de Las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. &nbsp;



Para restablecer la autoridad estatal sobre los reclusorios se requiere de acciones que trasciendan las medidas aisladas que han sido puestas en vigor para reducir la sobrepoblación, disminuir la mora judicial y emprender una política de reinserción de los convictos.



En nuestro entorno centroamericano, El Salvador parece marcar alguna diferencia. Recién la semana pasada fueron abiertas las puertas del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de América con una capacidad para albergar 40,000 delincuentes. Ya fueron trasladados los primeros 2,000 pandilleros, bajo medidas endurecidas y la obligación de realizar extenuantes labores productivas.



En Honduras es imperativo adoptar políticas más radicales, a efecto de rescatar la gobernabilidad del putrefacto sistema de privación de libertad, donde la corrupción y la impunidad sustituyen la aplicación de las leyes y la impartición de justicia.



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Editorial HRN: Sistema penitenciario en manos de la criminalidad en Honduras