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El expediente de los hospitales móviles constituye una infamia, porque su contratación se ha realizado al calor de una crisis de salud y humanitaria; es una manifestación de podredumbre y también una expresión de la bajeza de los personajes siniestros que siempre quieren sacar provecho de las calamidades que golpean a Honduras.



Este capítulo corresponde, igualmente, a la desbordada podredumbre e impunidad que prevalece en Honduras. No en vano, nuestro país ha retrocedido en los últimos años veinte puntos en materia de transparencia.



Han pasado varios meses desde que la desventurada gestión anterior de Inversiones Estratégicas (Invest-H), adquirió siete hospitales móviles por la suma de 1,200 millones de lempiras, sobrevalorados en 350 millones y con un perjuicio económico que excede los 800 millones.



Hasta ahora no ha entrado en operación ninguna de tales estructuras o “tiendas chatarra” o “carpas recicladas”, como atinadamente les han dado en llamar empresarios, industriales, dirigentes de la sociedad civil y profesionales de las ciencias médicas que han mantenido una postura beligerante frente a la administración errática de la pandemia.



Los conocedores de la temática han advertido que la compra de los hospitales es una “completa estafa”, pues -además de haberse pagado una cantidad muy por encima de su valor en el mercado- el proveedor no ha cumplido con las condiciones del contrato en cuanto a los requerimientos técnicos, de calidad y de funcionalidad de tales centros temporales.



Las unidades ubicadas en el Distrito Central y en San Pedro Sula han presentado problemas para su puesta en funcionamiento por varias fallas detectadas.



Nos han engañado varias veces con la inauguración de ambos hospitales. La promesa más reciente es que el jueves próximo abrirá sus puertas el ubicado en la ciudad industrial y dentro de 15 días lo haría el que está instalado en el Distrito Central.



Dos de las cinco tiendas que faltan por ser entregas a Honduras están en ruta desde Turquía hacia Puerto Cortés y las restantes tres llegarían en las semanas siguientes. Pero, como lo ha confirmado Invest, presentan más de 50 fallas, cuya subsanación ha sido solicitada al fabricante.



En todo este enjambre, los interventores de Inversiones Estratégicas han mostrado más vacilaciones y falta de acciones contundentes, pese a que estos funcionarios afirman que no han llegado para “encubrir” a nadieque sea culpable del despilfarro del dinero administrado por dicha institución en la actual urgencia.



El Ministerio Público tiene activas varias líneas de investigación que están más motivadas por la presión de sectores mayoritarios que reclaman justicia, pero que enfrentan muchos tropiezos por la misma causa de siempre: Los corruptos están bien organizados y se protegen entre sí.



Y desde los Poderes del Estado, siguesiendo pronunciado un doble discurso sobre el combate a la corrupción y el impulso de la rendición de cuentas.



Somos más quienes exigimos que resplandezca la transparencia en la utilización de los recursos que han sido orientados a gestionar la emergencia sanitaria con racionalidad, compromiso y diligencia.



Reclamamos que los responsables de hacer pingües negocios al amparo de las excepcionales circunstancias por las que atravesamos, sean expuestos a la justicia y castigados por las leyes sin misericordia, en nombre de las víctimas inocentes de sus acciones miserables. ¡No más impunidad!



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