El abominable hecho ocurrido en la ciudad de Olanchito, Yoro, en el que cuatro indefensas personas del sexo femenino fueron asesinadas, entre ellas una bebé de días de nacida, vuelve a evidenciar todas nuestras podredumbres estructurales, institucionales, morales y humanas.
Expone la fragilidad de las tibias políticas de estado, o más bien, gubernamentales que existen, la carencia de sistematicidad institucional y la ausencia de una política criminal como estrategia para enfrentar el bárbaro fenómeno de la violencia que todos los días nos roba vidas valiosas mientras sume a la población hondureña en este doloroso escenario de pánico y terror.
La barbarie ocurrida en el norte del departamento de Yoro, como los demás homicidios múltiples perpetrados hasta el día de hoy, en los que al menos 53 hondureños y hondureñas perdieron la vida violentamente, además de haber traslapado un patrón irracional de conducta humana decadente, es la dolorosa consecuencia de lo que como sociedad y estado dejamos de hacer, o lo peor, permitimos, toleramos y hasta justificamos.
Honduras no ha tenido entonces una política pública para enfrentar este monstruo de mil cabezas y ramificaciones, sin una estrategia coherente que hasta el día de hoy haya permitido que hechos como el ocurrido en Olanchito, sucedan con la aterradora regularidad con la que están pasando.
¿A qué se está destinando entonces el abultado presupuesto de seguridad que en 2021 sobrepasó los 6 mil 600 millones de lempiras? ¿Qué es lo que se hizo con los 600 millones adicionales que el año pasado salieron de la Tasa de Seguridad para enfrentar la desbordada violencia criminal en el país?
Y por cierto, ¿qué hicieron durante estos últimos años con los mil 200 millones de lempiras anuales que en promedio se destinaban para la Secretaría de Seguridad a través del cuestionado "Tasón"?
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Si lo vemos en blanco y negro, las falencias institucionales en materia de combate a la criminalidad no han pasado por asuntos presupuestarios. Los fondos que ya el nuevo gobierno asignó este año a la Secretaría de Seguridad subieron a 6 mil 800 millones de lempiras, sin incluir los que va a recibir o ya está recibiendo del "Tasón" de Seguridad.
Al Estado de Honduras y a los gobiernos de turno no les ha faltado dinero si de todas maneras los recursos los han captado a través del Impuesto sobre la Renta o de aquel denominado impuesto solidario del 5 por ciento que se le ha venido cargando al sector empresarial.
Además de que los niveles de descomposición social y el poco valor de la vida responden a factores mucho más profundos que la inseguridad pública, no se puede soslayar ni entender, ni mucho menos justificar cómo terminamos en este estado de postración e inacción frente a la impunidad misma del delito.
¿Y cómo si la violencia criminal es y ha sido la peor violación a los derechos humanos de los ciudadanos de este país, con un costo invaluable no solo humano, sino también económico y social, no se actuó en consonancia con los efectos devastadores que han minado la salud mental y la calidad de vida de los hondureños?
La violencia criminal nos ha pasado una factura invaluable. No solo ha tenido ese costo humano para las familias, sino además, como decíamos, un costo económico y social terrible. Ha sido también un obstáculo para el sistema democrático mismo.
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