Si en todos los países de la zona, las autoridades han intervenido oportunamente para contrarrestar los efectos de la actividad sísmica del mercado petrolero, nos preguntamos: ¿Por qué en Honduras no se ha adoptado un plan estratégico para contener semejante acometida?
Y es que las repercusiones de la conflictividad en Europa en la débil economía y vulnerable malla social de nuestro país son severas y no hay manera de predecir qué alcances puede tener.
Hemos estado a la expectativa de que el Gobierno coloque en agenda la convocatoria a todos los sectores para consensuar las líneas alrededor de las cuales Honduras abordaría la emergencia creada por la subida incontrolada en el precio de los carburantes.
Justo este día ha entrado en vigencia la nueva estructura de precios que incluye un alza entre uno y seis lempiras en el galón de las gasolinas, el diesel, el querosene y el gas licuado.
Se trata de un nuevo revés que coloca en apuros las finanzas públicas y que pone en fragilidad el bolsillo de la población que ya no soporta tantos incrementos en la canasta básica y en el importe de los servicios.
La empresa privada y analistas independientes son los que han tomado el liderazgo en la proposición de medidas que hagan posible salir de los días oscuros que vivimos como resultado de la sacudida que se produce en la industria petrolera.
Desde finales de la semana anterior, la iniciativa privada ha hecho un llamado encarecido para que el Gobierno conforme una mesa especial en la que sería formulada una política frente a la actual contingencia.
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En la lista de diez puntos que los empresarios han puesto a consideración resaltan la elaboración de un plan que abarca un ahorro en la demanda de combustibles y en el consumo de energía eléctrica, una política de subsidios, un esquema de trabajo híbrido, el fortalecimiento de los instrumentos financieros y la definición de medidas de apoyo financiero y asistencia técnica para los sectores productivos.
Es inevitable que coloquemos en perspectiva las posibles soluciones a la encrucijada en la que nos encontramos, entre las que se ponderan unas de efecto inmediato como son la baja en la factura petrolera, la reducción del parque vehicular, las restricciones en la circulación por días y horarios y un modelo de trabajo presencial alterno.
Concluimos en que las disposiciones que consisten en otorgar subsidios al consumo energía eléctrica y en disminuir por decreto el valor de los combustibles son circunstanciales y no tienen sentido si no están apoyadas en una visión integral del problema.
Los esfuerzos de los gobiernos de turno, si es que pueden entrar dentro de tal calificación, han consistido -desde siempre- en elaborar una lista de medidas simples de ahorro y demanda racional de los refinados del crudo; al cabo, providencias que han sido tomadas en cuenta y luego abandonadas.
Pero esta vez resulta un imperativo que todos los sectores sean llamados por las autoridades del país, en aras de adoptar un plan de acciones que nos ayude a enfrentar las actuales circunstancias y, en esa línea, formular una política con todos los componentes que garanticen el desarrollo económico sostenido y el bienestar social en Honduras.
