El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, analizó los desafíos que enfrenta el nuevo titular del Ministerio Público y advirtió sobre los riesgos de la injerencia política en la institución.
Orellana reconoció que el Ministerio Público actual cuenta con una estructura más robusta que en años anteriores.
“No hay duda de que hoy el Ministerio Público es mucho más grande que el que yo conocí”, afirmó, al destacar su presencia a nivel nacional.
Sin embargo, señaló que el nuevo fiscal general, Pablo Reyes Thedeore, deberá realizar un proceso de adaptación y conocimiento interno.
“Él necesita por lo menos un tiempito de ponerse a platicar con la gente de todas sus direcciones”, indicó, al subrayar la importancia de evaluar el funcionamiento institucional en todo el país.
El exfuncionario insistió en que Reyes debe conocer a profundidad cada área antes de tomar decisiones. “Si él confía nada más en lo que le van a decir, creo que va a cometer un gravísimo error”, advirtió.
Política criminal
Además, enfatizó la necesidad de definir una política criminal clara que enfrente delitos como el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos. A su criterio, el éxito de la gestión dependerá de la independencia con la que actúe.
“Si él tiene la convicción de que su actuar es para el futuro, para las próximas generaciones, entonces será un gran fiscal”, expresó.
No obstante, lanzó una advertencia directa: “Si él considera que su compromiso es con aquellos que lo votaron, cometería un gravísimo error”.
En cuanto al presupuesto, Orellana reconoció su importancia, pero consideró que la clave radica en la correcta administración de los recursos. “No es la cantidad la que determina el éxito, sino la calidad”, sostuvo.
Juicio político
Calificó como “grave, muy grave” el precedente reciente en el Congreso Nacional relacionado con la destitución de autoridades y juicios políticos.
“Ese es un gravísimo precedente”, reiteró, al cuestionar que se hayan discutido casos judiciales en el ámbito legislativo.
Según Orellana, este escenario podría generar presiones indebidas sobre el Ministerio Público en el futuro, afectando su independencia y debilitando el Estado de derecho en Honduras.
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