Hay mucha tela que cortar en el expediente de Koriun, una mezcla de estafa, inacción institucional, política y populismo; detrás, una supuesta red de crimen organizado si hemos de atenernos a un comunicado del propio Ministerio Público.
La utilización de los dineros del Presupuesto de la República para compensar a las personas que cayeron en la trampa de Koriun no es, en manera alguna, una intervención de justicia social como quieren hacernos creer los voceros del Gobierno y figuras grises del Poder Legislativo.
Esto es un acto de complicidad para legalizar un ilícito, blanquear dinero y encubrir una estafa con recursos públicos.
El caso Koriun deja daños a Honduras
Además, los hondureños tendremos que pagar una factura muy alta. Los especialistas han estimado el impacto del funesto capítulo de Koriun en más de nueve mil millones de lempiras, el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), proyectado para 2025.
Sólo para el pago a unos 35,000 inversores que han resultado con perjuicio, el Gobierno debe desembolsar entre 2,000 y 3,500 millones de lempiras.
Semejante cantidad, que proviene del esfuerzo de todos, será derramada para cubrir los abusos de unos cuantos personajes que se unieron para ofrecer incomparables ventajas a quienes depositaran su dinero en la financiera de maletín que operó irregularmente a vista y paciencia de las autoridades.
¿Están involucrados, en efecto, miembros del Poder Popular? ¿Cómo se explica la actuación blandengue de los más altos cargos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? ¿Por qué guarda silencio el fiscal general? ¿Está el Congreso Nacional en su papel de complacencia y de salvaguardia de la impunidad?
Lo que reclamamos los hondureños es que sean identificados los grandes protagonistas y los actores secundarios de la trama montada desde hace seis años para captar dinero irregularmente.
Si los recursos del fisco son utilizados para encubrir un delito, se habrá demostrado que en Honduras no hay capacidad para intervenir los movimientos financieros atípicos ni para salir al paso a las redes delictivas que promueven las grandes operaciones fraudulentas.
En casi ninguno de los países donde se han presentado capítulos del esquema Ponzi el Gobierno ha tomado dinero de las arcas para resarcir a las víctimas.
La excepción es lo que ocurre en nuestro país en el manejo de este escándalo en el que están enredados inversionistas extranjeros, aportantes nacionales, políticos y personajes con tentáculos del crimen organizado.
La utilización de dinero del Estado para solventar pérdidas ocasionadas por esquemas ilícitos sienta un precedente peligroso, debilita la confianza en las instituciones y envía un mensaje de impunidad.
Deben ser respetados los procesos legales, las autoridades tienen que intervenir con rigor contra los culpables del fraude, porque los hondureños exigimos una rendición de cuentas sobre el manejo de fondos públicos; no hay cabida para más actos de injusticia en perjuicio de la población en general.
