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La disolución de esa asociación religiosa, registrada desde el 25 de julio de 1990, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.



De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, esa ONG fue ilegalizada por "incumplimiento a las leyes", debido a que tenía su junta directiva vencida desde el 9 de septiembre de 2022 y no reportaron sus estados financieros del periodo fiscal entre 2019 y 2022, con lo que "obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" de esa cartera.



Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponderá proceder a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.



Además de la Asociación Casa Ave María, el Gobierno de Nicaragua ha ilegalizado y ordenado la expropiación a otras organizaciones católicas, entre ellas la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaban al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y a la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso.



Las relaciones del Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.



El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.