En 2017, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente.
La resolución de la Corte, que además de los cinco delitos afectó además a dos artículos de la Ley contra la narcoactividad, utiliza como argumentos para su decisión las contradicciones con acuerdos internacionales de derechos humanos.
Por tanto, de acuerdo al dictamen de la Corte de Constitucionalidad en 2017, "prácticamente" ya no hay delito que contemple este castigo, como confirmó la entidad en aquel momento.
El Estado de Guatemala ejecutó por última vez a dos personas en el año 2000 tras haber sido declarados culpables de secuestro.
La nación centroamericana es una de las 15 más violentas del planeta de acuerdo a organismos internacionales y solo en la última década contabilizó el asesinato de más de 60 mil personas.
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