Esa opinión fue expuesta por el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, quien a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, dijo que los diputados que son investigados por el Ministerio Público no deben participar en la votación esto debido a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo lo prohíbe.
A través de TN5 Estelar de Canal 5, el excandidato presidencial del Pinu, Olban Valladares, explicó que debe ser en primera instancia un principio de la moral que deben tener los parlamentarios de abstenerse.
Asimismo, dijo que de tomarse esa postura por "ética" pero cayó en la realidad que los diputados no logarían los 86 votos, por lo que dijo que sería imposible que los parlamentarios se abstengan a votar, por los interés de por medio.
Por su parte, Ana Pineda, exsecretaria de Derechos Humanos, también recordó la Ley Orgánica en el artículo 50 establece que hay prohibiciones, y entre estas está que los diputados no pueden participar en las elecciones del pleno cuando tiene un interés directo para sí o sus familiares.
Ambos analistas, dicen que los diputados tienen que llegar a consensos y piden que no se salga del marco de La Constitución porque podría redundar en el Estado de derecho.
Por otro lado, la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo, dice que el proceso están dando a entender que tiene un tinte político muy fuerte pero sugiere que al final debe tomarse en cuenta la idoneidad.
"Entendemos que hay fuerte criterio político partidista pero lo criterios que rijan la elección deben ser la idoneidad, es decir que el próximo fiscal general y adjunto debe ser una persona competente y con criterios de integridad", manifestó.
El día martes los dos nóminas fueron presentadas ante la Junta Directiva del Congreso Nacional, por el Partido Salvador de Honduras (PSH) que presentó a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto, mientras que la bancada de Libre presentó a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como adjunto, pero ninguna moción logró los 86 votos.
El día siguiente se volvió a convocar a sesión; no obstante, al final las bancadas se reunieron para intentar lograr consenso, pero hasta el momento ningún diputado ha informado sobre si hay humo blanco.
Y aunque trascendió que una comisión interventora se nombraría para el Ministerio Público mientras se llega a un acuerdo, Rafael Sarmiento, diputado por Libre, desmintió lo dicho.
Ahora, este jueves, los diputados son citados a las 11:00 de la mañana en un tercer intento para elegir a las autoridades del Ministerio Público, que tendría que iniciar funciones a partir del 1 de septiembre, por un período de 2023 a 2028.
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