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Solamente han transcurrido unos cuantos días desde que la nueva Ley Electoral fue aprobada y luego publicada en el diario oficial La Gaceta, pero ciertos políticos se han vuelto a agrupar para introducir cambios "a su medida" en el referido cuerpo legal.



Un sector del oficialismo, en conjunto con dirigentes de partidos denominados "chicos", llevan a efecto pláticas encaminadas a promover enmiendas que permitan que todos los 14 institutos en contienda estén representados en las Mesas Electorales que ahora son denominadas Juntas Receptoras de Votos.



La integración de dichas instancias fue objeto de las mayores controversias en la etapa previa a la aprobación de la Ley Electoral hace unas semanas.



Los representantes de los partidos llamados mayoritarios, el Nacional, Liberal y Libre, tardaron mucho tiempo en consensuar la distribución de los tres principales cargos y la designación de los otros dos puestos.



Como es conocido, los líderes y dirigentes de las instituciones emergentes rechazaron su no inclusión en las Juntas Receptoras de Votos y acusaron a los partidos de haber convertido a la Ley Electoral en una expresión de simple repartición del poder.



En su momento, la conformación de las mesas electorales por cinco representantes, fue catalogado por algunos politólogos y organismos de la sociedad civil como "un paso tibio" en el propósito de terminar con el tráfico de credenciales y las prácticas fraudulentas en el conteo de papeletas y en el levantamiento de las actas.



Lo ideal hubiera sido que los líderes de los principales partidos políticos hubiesen adoptado un compromiso para depositar el poder de las Juntas Receptoras de Votos en los ciudadanos.



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Porque este nuevo orden hubiera significado ponerle término a los vicios que, manera consuetudinariamente, han contaminado las mesas electorales: compra de voluntades, trasiego de credenciales, recuento adulterado de sufragios, transmisión desvirtuada de los resultados y la presentación desnaturalizada de las actas de cierre.



La propuesta de los políticos tradicionales para reformar la Ley Electoral que recién entró en vigencia no está dirigida a depurar los procesos electorales, específicamente los actos en las mesas electorales.



Lo que se ha comenzado a barajar es la enmienda que haga posible que los 14 partidos legalmente constituidos entren en el juego político dentro de las Juntas Receptoras de Votos.



Si estas componendas llegan a "cuajar", se abriría paso a las componendas entre los partidos con más carga y aquéllos que siempre han ejercido como "bisagra" en el mapa político-electoral de Honduras.



Son diversos los argumentos esgrimidos por los que apoyan el esquema del "tumulto" en las Juntas Receptoras de Votos y no la democratización de tales, como se pretende hacer creer.



¿Son violentados los derechos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución de la República? ¿Se ha privilegiado en la nueva Ley la participación de tres partidos grandes en detrimento de los pequeños? ¿Se pone cortapisas a las funciones de los partidos políticos? En el fondo de todas estas preguntas está la pretensión de los políticos de hacer nuevos malabares, a la sombra de una Ley Electoral que acaba de ser aprobada, pero que dejó muchos vacíos porque no contiene las reformas profundas y sustanciales que reclamaban los ciudadanos hondureños, en nombre de la democracia



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