Es desmedida la cantidad de recursos que son absorbidos en sueldos y salarios por los empleados y funcionarios del sector público. Se estima que la masa salarial representa el diez por cieno del Producto Interno Bruto (PIB).
En Honduras hay una disparidad en la escala salarial que está marcada por una mayoría de trabajadores que ganan el salario mínimo (un promedio de 10,000 lempiras), y un grupo muy reducido de 1,500 burócratas que reciben una remuneración por encima de 60,000 lempiras, entre ellos una veintena con ingresos superiores a los 200,000 lempiras por sus desempeño en estructura estatal.
El Presupuesto de la República que fue modificado para el ejercicio fiscal 2022, incluye una partida de 4,000 millones de lempiras que serían destinados al pago de prestaciones sociales para disminuir la masa salarial.
Sin embargo, la nueva estructura gubernamental aumenta la burocracia en lugar de disminuirla, han criticado los conocedores de las materias económica y fiscal.
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Se sabe que la población de empleados públicos ronda los 300,000 y que para el presente período estaba previsto un monto de entre 80,000 millones y 86,000 millones de lempiras para el pago de sueldos y salarios.
La brecha entre los ingresos y los gastos que se ha profundizado tanto por factores domésticos como por circunstancias externas, sólo puede ser reducida si son tomadas medidas drásticas para volver más eficiente la maquinaria gubernamental.
Las cifras son claras: más de la mitad de los ingresos tributarios están dirigidos a alimentar una burocracia insaciable, lo que impide reorientar los recursos a prioridades como educación, salud e infraestructura
Para 2022 se ha proyectado una recaudación de impuestos por el orden de 119,000 millones de lempiras. De esta cantidad, se calcula que 60 ó 70 de cada cien lempiras se destinarían a sueldos y salarios de la administración pública.
Es el principal renglón de gastos. En los últimos 12 años el monto de los sueldos y salarios entregados a los burócratas se ha incrementado en 170 por ciento al haber pasado de 32,000 millones de lempiras en 2010 a una cifra que ronda los 86,000 millones en 2022.
Las planillas fantasmas, los incrementos selectivos y la contratación de clientes políticos que no reúnen las competencias ni los méritos para su desempeño, son los factores que han contribuido a contaminar la administración pública y a volverla insostenible para las deprimidas finanzas nacionales.
