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Honduras tiene la necesidad de reducir el tamaño del Gobierno como una medida clave para sanear las finanzas públicas y, al mismo tiempo, crear condiciones que permitan una mayor generación de empleos en el país. 



En ese sentido, el empresario Eduardo Facussé y el analista Carlos Cálix señalaron que la disminución de secretarías, direcciones e instituciones con funciones duplicadas debe convertirse en una prioridad de la agenda estatal.



No obstante, cada uno expuso énfasis distintos sobre cómo ejecutar ese proceso y cuáles deben ser las prioridades inmediatas para la generación de empleos en el país.



<h2>Facussé: menos secretarías y más diálogo con la empresa privada</h2>



Para el caso Eduardo Facussé sostuvo que el crecimiento del aparato estatal en los últimos años resultó insostenible y poco eficiente. 



A su juicio, el Gobierno creó secretarías y direcciones principalmente para ampliar la planilla pública, sin que ello se tradujera en mejores servicios ni en desarrollo económico. 



Por esa razón, planteó que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno debe ser la reducción de secretarías e instituciones que duplican funciones.



"(Hay que) Buscar la reducción del tamaño del Gobierno. Esto significa cerrar un montón de secretarías de Estado que fueron creadas para la 'empleomanía' que se sucedió en este Gobierno, y orientarse más que todo a desarrollar el proceso de entendimiento con la empresa privada, ya que tampoco hubo ningún diálogo con el sector privado de parte del Gobierno", expresó el empresario.



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Además, Facussé consideró indispensable retomar el diálogo con la empresa privada, al señalar que ese sector no encontró en la administración saliente un interlocutor dispuesto a construir consensos. 



<h3>Enfoque en el sector productivo</h3>



En ese contexto, afirmó que los empleos no los genera el Estado, sino el sector productivo, por lo que el papel del Gobierno debe centrarse en facilitar condiciones jurídicas, fiscales y de seguridad que permitan invertir y contratar personal.



"Obviamente, los que generan los empleos son las empresas privadas. Por eso mencionaba anteriormente que tiene que haber un entendimiento y un diálogo con el sector oficial, pero más que nada buscar una 'empleomanía' que no sea incapaz de desarrollar los nuevos términos que se están abocando a nivel internacional", sostuvo.



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Del mismo modo, el empresario también enfatizó la necesidad de modernizar la capacitación laboral y alinear la formación de los trabajadores con las nuevas exigencias del mercado, incluidas las relacionadas con la tecnología y la innovación. 



Según explicó, fortalecer instituciones de formación técnica y revisar esquemas como el empleo por hora contribuiría a ampliar las oportunidades, especialmente para jóvenes que buscan su primer trabajo.



<h4>Cálix: ordenar el gasto y restablecer la confianza institucional</h4>



Por su parte, Carlos Cálix advirtió que el incremento sostenido del número de empleados públicos ejerce una fuerte presión sobre el presupuesto nacional y limita la inversión en áreas estratégicas. 



En su análisis, reducir el tamaño del Estado no debe limitarse a la eliminación de dependencias creadas recientemente, sino que debe abarcar una revisión integral de instituciones acumuladas durante décadas.



Cálix subrayó que el ordenamiento del presupuesto debe ir acompañado del restablecimiento del Estado de derecho. 



En ese aspecto, afirmó que la generación de empleos depende en gran medida de la confianza, la cual solo puede reconstruirse con seguridad jurídica, respeto a los contratos y reglas claras que se apliquen sin distinción política.



<blockquote class="twitter-tweet">🚨🗣️"Se debe evitar que el país tenga demasiado gasto público" Carlos Cálix, analista. <a href="https://t.co/c4d3YifqtF">pic.twitter.com/c4d3YifqtF</a>— TSiHonduras (@TSiHonduras) <a href="https://twitter.com/TSiHonduras/status/2011880213190447250?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2026</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Asimismo, el analista planteó la necesidad de controlar el gasto público y evitar el uso del déficit como herramienta política. 



A su juicio, una administración responsable debe priorizar la disciplina fiscal para garantizar estabilidad macroeconómica y enviar señales claras a inversionistas y emprendedores.



Finalmente, Cálix consideró que el nuevo gobierno enfrenta un reto inmediato: demostrar, desde el inicio de su gestión, que existe voluntad real de reformar el Estado. 



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Según indicó, una reestructuración profunda del aparato público permitiría reducir el peso de la planilla estatal y, al mismo tiempo, liberar recursos para impulsar crecimiento económico y empleo sostenible.



<h5>Priorización y ejecución del presupueso del Estado</h5>



La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este jueves a través de un informe que la priorización y ejecución del Presupuesto General de la República 2025 no respondieron a las principales necesidades de la población hondureña, pese a un aumento del 49 % del presupuesto entre 2021 y 2025 y a un mayor endeudamiento público. 



Aunque la planilla estatal alcanzó los 250,475 empleados, sectores clave como salud, educación y seguridad no registraron mejoras sustantivas en la calidad de los servicios.



El monitoreo ciudadano reveló que el 88 % del presupuesto se concentró en gasto rígido, principalmente salarios, deuda y transferencias, y que el 81 % de los recursos se ejecutaron en solo 16 de 113 instituciones. 



Del total aprobado de L 430,908 millones, L 113,815 millones se destinaron a sueldos, con un incremento superior a L 9,600 millones, mientras la inversión pública continuó rezagada y con marcadas desigualdades entre instituciones.



ASJ también alertó sobre el aumento del gasto en bonos, transferencias y publicidad, así como recortes en áreas sensibles como salud y vacunas, en un contexto de riesgos de uso discrecional de fondos. 



Ante este panorama, la organización urgió a fortalecer la planificación presupuestaria, la rendición de cuentas orientada a resultados y una transformación del sector público que garantice servicios efectivos y responda a prioridades nacionales basadas en evidencia técnica.



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