Mientras está en desarrollo la socialización de la Ley de Justicia Tributaria y el Gobierno mantiene el criterio de que las movilizaciones en la zona sur contra dicha iniciativa son manipuladas, los empresarios han pedido que se cree un entorno favorable al emprendimiento.
En un mensaje directo enviado a la administración de la gobernante Xiomara Castro, el presidente del COHEP, Mateo Yibrín, ha pedido encarecidamente: “déjennos trabajar en paz. A las empresas nos están haciendo la vida imposible”.
El representante de los inversionistas también ha mostrado su desacuerdo con el clima de crispación que existe en el país. “Estamos recibiendo del Gobierno un mensaje de confrontación que no abona a la llegada de capital”.
En concordancia con estas valoraciones, los dirigentes de los industriales asociados en la zona norte han reiterado la exhortación a las autoridades del país para que se sienten las bases de un pacto fiscal y de un diálogo amplio con todos los actores económicos y sociales.
Los integrantes de la iniciativa privada tienen la impresión de que se ha desestimado su papel como principal aliado del Gobierno y que tampoco se ha dado importancia a la contribución de este sector en la dinamización de la economía.
Los registros de las asociaciones productivas resaltan que la empresa privada invierte 7.5 veces por encima que lo generado por el Gobierno, en una relación de 149,000 millones frente a 19,000 millones de lempiras.
La polarización es la que se ha impuesto en el país que parece estar enrumbado hacia una autocracia, han advertido –de su lado- analistas con quienes ha conversado HRN.
La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, es de la opinión que la resolución adoptada para investigar a los sectores que supuestamente anarquizan la sociedad es una reacción a lo que puede ser considerada como una pérdida del control en las calles por parte del Gobierno y que hasta ahora lo mantuvieron los Colectivos de Libre.
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Otros líderes de opinión pública han alertado que la democracia de Honduras está en proceso de mayor desgaste y que corre el riesgo extremo de caminar hacia la ruta de la represión, de la imposición y de la violación a las libertades esenciales como ocurre en países como Nicaragua.
Representantes del oficialista en la Cámara Legislativa se han hecho eco de un discurso que la mandataria Castro pronuncia con insistencia y que está basado en la presunta intención de ciertos grupos de desestabilizar su gobierno.
En las más recientes declaraciones ofrecidas sobre la situación del país, la presidente ha reafirmado que su compromiso con el pueblo es poner en ejecución los cambios necesarios para acabar con el esquema de corrupción heredado del régimen pasado.
Los voceros gubernamentales también han insistido en que el país está en proceso de transformación, de batalla contra la impunidad, de lucha contra los abusos y de un trabajo sostenido en la búsqueda del bienestar del pueblo hondureño.
La conflictividad en Honduras se ha intensificado, una situación que pone en dificultad las expectativas de crecimiento económico, de igualdad social y de fortalecimiento de la democracia. ¿Hacia dónde va el país: hacia el progreso o hacia el retroceso?.
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