La presión tributaria se mantendrá alta en el período fiscal 2020, lo que significa que los hondureños continuarán recibiendo el impacto de las altas cargas del fisco.

Los empresarios ha solicitado que las proyecciones de los ingresos tributarios sean revisados, porque no calzan con el comportamiento de una economía deprimida que no deja margen de buenas utilidades.

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El Presupuesto elaborado para el año entrante, establece como una de sus principales metas ingresos tributarios por el orden de 114,000 millones de lempiras, superior a los 108,000 millones que fueron previstos para el año en curso.

Esta suma total se distribuye en 48,300 millones de lempiras que provendrán del Impuesto sobre Producción Consumo y Ventas, la mayor fuente de entradas para las arcas del Estado.

Por concepto del pago de Renta, se proyecta una recaudación de 37,148 millones de lempiras y el Impuesto sobre Actividades Específicas tendrá un rendimiento de 18,600 millones.

El Impuesto sobre Importaciones, dejará al Estado una cantidad de 4,700 millones de lempiras, en tanto que las cargas sobre la Propiedad y Beneficios Eventuales, implicarán para el fisco el ingreso de 860 millones, en su conjunto.

Los ingresos tributarios constituyen la mayor parte del total de las recaudaciones, ya que son de relevante importancia para el financiamiento del desarrollo socio económico del país, reza el proyecto de Presupuesto que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

En las justificaciones incluidas en el documento se agrega que estos fondos son la base de sustento del gasto corriente de la Administración Central, por lo que se estima que el monto de los tributos es equivalente al 70.5 por ciento del total del Presupuesto de Ingresos.

La cifra proyectada por concepto de pago de impuestos refleja una baja de 2.9 por ciento en relación con la cantidad esperada en el ejercicio fiscal 2019 y un incremento de 1.2 por ciento en cuanto al monto aprobado el mismo año.

Al menos en el papel, la recaudación de impuestos persigue fortalecer la Administración Tributaria y Aduanera, garantizar los recursos que el Estado necesita para su normal funcionamiento, así como reactivar los sectores productivos e impulsar la inversión pública.