Dos mil diecinueve ha sido el año de la fatalidad y el período cuando la sangre ha fluido más en las cárceles del país.
Al cierre de este año se habrá reportado un incremento de más de 800 por ciento en comparación con 2018, señalan los documentos acerca de la convulsiva vida en las prisiones hondureñas.
Desde 2015 no se documentaba un porcentaje alto de privados de libertad ultimados. Hace cuatro años, fueron 30 los internos que cayeron en eventos sangrientos, mientras que hasta el 20 de diciembre se contabilizan 38 presos asesinados.
En los años 2016, 2017 y 2018, fueron documentados los casos de 27 procesados y condenados que perdieron la vida en amotinamientos u otro tipo de escenas dentro de las cárceles. En el lapso entre 2014 y 2019, se ha registrado más de un centenar de reos asesinados.
Los datos procesados por el Observatorio de la Violencia, destacan que los episodios de mayor impacto se han producido en Támara, Francisco Morazán, con tres víctimas; La Tolva, en El Paraíso, con cinco muertos; y Tela, Atlántida, donde el viernes se consumó el asesinato de 18 privados de libertad.
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El sistema carcelario colapsó. Las autoridades del país no han sido capaces de retomar la gobernabilidad en los recintos de privación de libertad, donde se implantó el caos, echó raíces la planificación de hechos criminales y se asentó el trasiego de armas, municiones y droga sin control.
Son muchas las preguntas sin respuesta que son formuladas acerca de lo que acontece en las cárceles y en los establecimientos para menores infractores.
¿Por qué han fracasado todas las acciones tendientes a reforzar los anillos de seguridad y a eliminar el maridaje entre los custodios y los miembros de las asociaciones criminales?
Además, hay que interrogar: ¿Por qué está vigente y en todo su auge la introducción de armas, municiones y sustancias prohibidas en las cárceles del país y cuáles son las razones por las que se mantuvieron hasta ahora los señores que dirigían el Instituto Penitenciario Nacional, a pesar de su probada ineptitud?
La comisión interventora del aparato penitenciario, conformada por oficiales de Las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha iniciado su gestión con "pie izquierdo".
Al solo tomar el control administrativo de las cárceles, ha sucedido la tragedia mayúscula en la prisión de Tela, Atlántida. En su demorada reacción, los interventores se han limitado a señalar que está en curso un proceso para levantar un diagnóstico de los presidios y una evaluación de los cargos en tales predios.
La desgracia del aparato penitenciario y de los centros para la rehabilitación de menores infractores es el producto de una serie de errores acumulados que se han acentuado en los últimos años.
¿Acaso la conclusión toda esta historia debe ser que en Honduras ni siquiera los que están en las cárceles para resarcir los daños causados a la sociedad por sus faltas y delitos tienen garantizados sus derechos humanos?
