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Milton Salvador Vargas Urbina y Edwin Ricardo Pérez Montoya, ambos exmilitares, fueron condenados a 15 años de prisión por el asesinato del abogado Josué Israel Cáceres Alvarado, de 35 años. 



La sentencia se logró mediante un procedimiento abreviado, figura legal que permite reducir la pena cuando el imputado acepta su responsabilidad y cumple requisitos establecidos en el Código Procesal Penal.



<h2>¿Cómo ocurrió el hecho? </h2>



El crimen ocurrió la madrugada del martes 5 de noviembre de 2024 en la residencial Lomas del Toncontín, en Comayagüela. 



Las investigaciones, dirigidas técnica y jurídicamente por la Sección de Muertes de Personas pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), reconstruyeron con detalle lo sucedido.



De acuerdo con el expediente fiscal, a eso de las 2:30 de la madrugada, Vargas Urbina y Pérez Montoya ingresaron de forma violenta a la vivienda del profesional del derecho. 



Posteriormente se dirigieron a la habitación donde descansaba Cáceres Alvarado y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole heridas de gravedad.



Tras cometer el asesinato, ambos exmilitares abandonaron la escena del crimen y huyeron a bordo de un vehículo tipo turismo, marca Nissan, modelo Sentra, color beige, con placa HDC 5868. 



Vecinos alertaron a las autoridades y la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.



El Ministerio Público destacó que el procedimiento abreviado permitió una resolución más rápida del caso, garantizando una condena firme contra los responsables del homicidio y evitando la prolongación del proceso judicial.



<h3>¿Qué es el procedimiento abreviado?</h3>



El procedimiento abreviado es una modalidad contemplada en el Código Procesal Penal que permite reducir la pena hasta en una cuarta parte del total establecido, siempre que el imputado acepte los hechos antes del auto de apertura a juicio. 



Este mecanismo requiere una solicitud conjunta entre el imputado y el Ministerio Público, así como la autorización de un superior jerárquico del fiscal.



Con esta sentencia, las autoridades reiteraron su compromiso de combatir la impunidad en crímenes contra profesionales del derecho y garantizar justicia para las víctimas.



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