Por: Karen Reyes

Como una situación crítica son catalogados los últimos acontecimientos del sistema penitenciario del país, donde se han registrado hechos que han cobrado la vida de 13 personas en los últimos meses.

Por lo  que se decretó este martes un estado de emergencia, por un periodo de seis meses, destituyendo a las autoridades penitenciarias y poniendo a cargo a las Fuerzas Armadas de Honduras.

Referente al tema, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, es del criterio que la etapa de las autoridades de los Centros Penitenciarios a culminado.

Sin embargo, destacó que una vez finalizado el periodo de seis meses de gobernabilidad por parte de las Fuerzas Armadas, es necesario que el mandato de los centros regrese a un civil, por el bienestar de los privados.

De su lado, Migdonia Ayestas coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), explicó que existe inquietud por los excesos ocurridos en otros eventos por parte de las fuerzas del orden, en temas de derechos humanos.

Resaltó que hay debilidad institucional, por los estados de emergencia que se han declarado en varias instituciones del Estado. En Honduras existen más de  21 mil privados de libertad en 26 centros penitenciarios, donde cuatro de ellos tienen el 60 por ciento de la población penitenciaria.