La violencia se ha intensificado, pero es un fenómeno que no ha sido abordado sobre una política de Estado, sino con el apoyo de acciones circunstanciales.

Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, apunta que en dos décadas, en el período 2000-2022, se han registrado cerca de 98,000 homicidios, un promedio de 4,500 homicidios cada año.

Ese organismo se ha pronunciado en cuanto a que la actual situación que se vive en el país, hace que el pueblo hondureño enfrente una crisis de inseguridad pública por las elevadas tasas de violencia.

En concordancia con este criterio expuesto por el ente que defiende al pueblo hondureño, muchos sectores han recriminado la falta de una política para enfrentar la violencia criminal en el país.

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En este marco, se ha demandado la revisión de las estrategias adoptadas por los cuerpos de seguridad pública y las agencias de investigación, así como el fortalecimiento de los operadores de la justicia.

Los organismos de la sociedad civil consideran que no debe darse más largas al replanteamiento de los planes y programas que han sido elaborados para prevenir, disuadir, controlar y combatir los delitos en sus diversos grados y manifestaciones.

Por un principio que no es rebatible, la vida es el bien personal más preciado e inherente a la dignidad humana; por tanto, es contrario con lo que sucede hoy día en el país; la intensificación de la violencia.

En lo que ha transcurrido de 2022, más de un centenar de víctimas ha dejado como consecuencia la ejecución de masacres u homicidios múltiples que pone en más riesgo la vida de los hondureños.

Hasta el 13 de julio, la Policía Nacional tenía documentados 1,947 homicidios, contados desde el 1 de enero de 2022, una baja de 256 eventos en comparación con el mismo período de 2021.

El cuadro de estadísticas de la Secretaría de Seguridad consigna que, en el mes en curso, se contabilizan 13 sucesos violentos al día; es decir, un crimen cada dos horas.

¿Están los grupos del crimen reacomodando sus piezas? ¿Son estos hechos provocados para justificar la presencia de la Policía Comunitaria, como estiman algunos sectores? ¿Cuenta el Gobierno con una política contra la criminalidad?

Las preguntas se plantean en medio de una serie de críticas a las acciones de las agencias de seguridad y de investigación de Honduras.