Al menos una docena de instituciones del Estado han sido intervenidas y otras desaparecidas en la última década. Y en todos esos largos diez años, los resultados han sido nulos.
Todas estas acciones han sido más un escándalo que un bloque de acciones efectivas tendientes a sanear las dependencias del Estado en condición de putrefacción.
El capítulo más reciente es el nombramiento de una Comisión Interventora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que busca recuperar las pérdidas, acabar con el hurto y disminuir la mora.
No son muchas las esperanzas que albergan segmentos mayoritarios acerca de las posibilidades de salvar a la ENEE que es calificada como un "cadáver insepulto".
Y es que en la última década son varias las instituciones cuya administración ha sido traspasada, pero -al cabo del período determinado- el balance ha sido menos que "decepcionante".
Se recuerda que meses atrás, se firmó la desaparición de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que dio paso al Servicio de Administración de Rentas.
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Al cabo de tal proceso, la evasión fiscal no ha sido detenida del todo, la base de datos no se ha movido sustancialmente y la justicia tributaria está muy lejos de ser alcanzada.
La misma suerte corrió la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que pasó a llamarse Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
La cartera ministerial sufrió esa transformación nominal en momentos en que estalló el escándalo relacionado con el otorgamiento de contratos a empresas supuestamente ligadas con el crimen organizado, algunos de cuyos integrantes están procesados por la justicia de Estados Unidos.
En la lista de defunciones estatales también se cuenta el Fondo Vial, también tildada como una entidad de la cual manaban fuentes de corrupción y se desprendían peligrosas redes delictivas.
Recientemente le tocó el turno a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), que -dicho sea de paso- fue catalogada por directivos de la empresa privada como "un verdadero nicho de corrupción".
En el sector salud han abundado las comisiones especiales encargadas de analizar el estado comatoso sin reversión de los hospitales y centros asistenciales, en todos sus campos de acción.
Igualmente han sido intervenidas la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la Dirección General de Migración y Extranjería, BANADESA y Registro Nacional de las Personas.
La lista de entidades intervenidas por su fracaso financiero, administrativo y de operación se extiende con las experiencias del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, la Empresa Nacional Portuaria, la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y el Seguro Social.
En el pasado reciente se procedió a someter a un proceso de intromisión la Policía Nacional e incluso el Ministerio Público, cuando las autoridades de entonces fueron interpeladas por el Congreso Nacional en virtud de los cuestionados resultados en materia de investigación y ejercicio fiscal.
La intervención de las dependencias estatales no han dado frutos cualitativos en la mayoría de los casos, pese al compromiso de corregir los desaciertos de las personas que han estado al frente de las mismas o enmendar el rumbo torcido en su estructura.
Han sido más discursos populistas; menos acciones acertadas y pobres iniciativas para volver eficientes las cuestionadas instituciones estatales y recuperar la confianza de la población perjudicada.
Los procesos de intervención han sido llevados adelante, con el pretexto de ejecutar una limpieza integral y llevar una lucha frontal contra la corrupción. En realidad, han sido una "pérdida de tiempo". ¿Ocurrirá lo mismo ahora, en lo que tiene relación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como ha sucedido históricamente en Honduras?
