En el Departamento de Yoro han estado sin electricidad por más de 18 horas y el gerente de la ENEE nunca volvió a decirnos absolutamente nada sobre lo que se iba a hacer para evitar que la crisis energética se agravara, como en efecto ha sucedido. Y en esa turbiedad provocada por las aguas revueltas de la crisis generalizada, es cuando se vuelve más vivo y activo el dicho: "en río revuelto, ganancia de pescadores".
Días antes de que se nos vinieran encima las tragedias provocadas por la violencia criminal, y la opacidad estatal para hacerle frente, la secretaria de Finanzas ya había andado revolviendo el avispero con el polémico y sensible asunto de las compras directas de energía, después de que el gerente de la estatal eléctrica ya lo había insinuado, claro, explorando antes el escenario con el cacareado argumento que en situaciones excepcionales y en los casos de emergencia nacional previstos expresamente en la ley, la contratación directa es inevitablemente el procedimiento excepcional por medio del cual el Estado y sus instituciones pueden contratar directamente.
A lo que antes le "hacían las cruces" y por lo que antes "pasaron por el paredón de fusilamiento" a los de la "narcodictadura", resulta que ahora si se ve bien, porque "se trata de garantizar la prestación de un servicio, la adquisición de un bien y la ejecución de una obra", sin pasar por una licitación o un concurso.
¿Cuál es el problema?, decía la señora de Finanzas. La contratación o compra directa es una normativa vigente en la Constitución de la República cuando estemos en una situación de emergencia. Se trata de la herramienta empleada para agilizar la adquisición de bienes o el suministro de un servicio que como la electricidad, se le debe garantizar a todos los hondureños.
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¿Y no fue por esa herramienta que se le fueron encima a los que estaban antes?. Si el discurso electoral, recordamos, lo elaboraron en la base del provecho personal de los funcionarios del Partido Nacional en el gobierno, lo que había fomentado aquella flagrante corrupción pública, con la que se violó los principios de la selectividad objetiva y de la transparencia que debía blindar la contratación estatal directa.
En la institucionalidad hondureña, los controles fiscales, aunados a la ineptitud de los órganos fiscalizadores que generan toda esta impunidad, apenas no sirven. Nada hoy, como tampoco antes, garantiza que la normativa vigente está ahora blindada para respaldar las contrataciones directas. Es así como la administración de los recursos materiales y financieros en el Estado, se volvió débil y vulnerable.
Fue así como las contrataciones directas convirtieron en "pecadores" a cuánto funcionario público se prestó o lo involucraron en el tramite de las mismas. Pasó en el gobierno anterior con la pandemia del COVID, sucedió en la administración de Pepe Lobo, en la de Mel Zelaya, es decir, en todos los gobiernos.
La excesiva discrecionalidad que tiene por abrogación el Poder Ejecutivo, sumada a la ineptitud de los organismos fiscalizadores, es, ha sido, y sigue siendo, el caldo de cultivo de esta inveterada vertiente de corrupción que son las compras y contrataciones directas. No sucumban otra vez ante esa tentación, señores de la ENEE, señora de Finanzas, los del Poder Ejecutivo.
En las revueltas aguas de los improvisados procedimientos administrativos y en la turbulenta tentación que genera la manipulación de caudales públicos a través de las contrataciones directas, no se conviertan en los nuevos pescadores de comisiones y coimas mal habidas.
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