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Casi un año tiene de estar
engavetada la Ley para la Atención y Protección de Personas Desplazadas.



El cuerpo legal crea la
Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Forzadamente
como máxima instancia de decisión del sistema, presidida por el titular del
Poder Ejecutivo e integrada por dependencias estatales, organismos de gobierno
local y de la sociedad civil.



La Comisión está concebida para
desempeñar las atribuciones de diseñar las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos para la población movilizada internamente por razones de
inseguridad.



También entraría en funciones la
Dirección para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, adscrita
a la Secretaría de Derechos Humanos.



Sería la encargada de articular
la ejecución de las políticas, planes, proyectos y protocolos e investigar la
situación y el impacto de la violencia entre las personas que huyen para salvar
su vida.



Para ese efecto se plantea la
creación de cinco unidades para la recepción y análisis de casos, darle
seguimiento a las medidas de asistencia, registrar la información y brindar
soluciones duraderas a las víctimas. 



En todo este esquema se incluye
un fondo para la atención de personas desplazadas de manera forzada. Esta
dependencia sería financiada mediante la transferencia de la Tasa de Seguridad,
del Tesoro Nacional y de fuentes externas con una suma no inferior a 150
millones de lempiras anuales.



El Registro Único de Personas
Desplazadas entrará en operación adscrito a la cartera ministerial de Derechos
Humanos, con el fin de construir un expediente completo de los compatriotas que
deben movilizarse para salvar su integridad.



La ley que fue introducida hace
un año en el Congreso Nacional define una política nacional de prevención del
desplazamiento forzado que establece medidas acerca del reclutamiento forzado
de menores de edad, violencia de género, despojo de tierras y protección del
patrimonio de los perjudicados.



Los gobiernos locales serán
responsables de formular políticas que atiendan los planes de contingencia y la
prevención urgente, así como los desplazamientos guiados.



La asistencia humanitaria, la
protección en todos sus sentidos, igual que el registro de los bienes abandonados,
el acceso a justicia, al trabajo y a los servicios de educación y salud, son
componentes del cuerpo normativo.



Quedan establecidas también las
opciones del retorno y reubicación de los desplazados y su participación en
programas de reinserción económico y social.



Un informe arroja que entre
2004 y 2018 más de 247,000 personas han debido huir de sus casas, porque su
vida ha sido puesta en situación de riesgo en distintos grados.

Engavetada ley para la atención y  protección de personas desplazadas

Engavetada ley para la atención y protección de personas desplazadas

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