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Dos niños mueren cada día en Honduras, víctimas de la violencia, en la mayoría de los casos a manos de sus propios parientes o allegados a su círculo familiar.



Este drama ha sido estudiado y documentado por organizaciones de la sociedad civil que han hecho notar la condenable indiferencia de las instituciones del Estado que velan por los derechos de la niñez.



La muerte en circunstancias violentas de niños y de jóvenes, son manifestaciones de que en la sociedad hondureña hay un profundo desprecio por la vida.



Los brutales hechos acontecidos casi a diario, reflejan la descomposición de una sociedad, donde los infantes y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables del país.



El abordaje de la problemática se ha mantenido al margen y sólo ha recobrado validez, cuando los crímenes contra los pequeños son cometidos con más frecuencia o con mayor crueldad.



De acuerdo con la organización Casa Alianza, en el país son eliminados dos menores cada día a nivel nacional, una cifra que hasta hace poco se mantuvo constante desde 1998, pero cuya tendencia es mayor ahora.



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Registros del Ministerio Público señalan que cada mes son documentados un promedio de dos casos -si no es que más- de infantes que han sido violados y ultimados brutalmente.



Pero, igualmente, se han multiplicado los expedientes de niños y adolescentes convertidos en máquinas asesinas o en protagonistas de episodios de extorsión, secuestro, distribución de drogas y otros delitos.



Los voceros de organizaciones no gubernamentales y representantes de instituciones internacionales consideran que éste es el momento para que todos los sectores unan sus esfuerzos y trabajen articuladamente a favor de los derechos de la niñez en el país.



Los problemas que aquejan a los niños y a los adolescentes, son verdaderamente inaceptables, han declarado representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y de dependencias de los Derechos Humanos.&nbsp;



El Gobierno, las asociaciones independientes que trabajan en la causa y la sociedad, en general, están obligados a emprender acciones más sólidas de protección de los niños y jóvenes de Honduras expuestos cada vez más a la violencia criminal.



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