La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, expresó su preocupación sobre la extensión del estado de excepción en Honduras, medida que se mantendrá vigente durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025.
En ese sentido, Mena resaltó que este tipo de medidas extraordinarias, aunque aprobadas por el Congreso Nacional, deberían ser revisadas con detenimiento debido a su impacto sobre los derechos y garantías de los ciudadanos.
"El estado de excepción es una herramienta que suspende derechos fundamentales de la ciudadanía, lo que podría limitar la participación electoral. Además, existe el riesgo de que se instrumentalice con fines políticos, afectando a ciertos sectores de la población", señaló Mena.
Seguridad y derechos ciudadanos
De igual modo, la diputada también subrayó que, aunque existe un vínculo conocido entre la criminalidad organizada y los partidos políticos en algunas regiones del país, la estrategia en materia de seguridad debería ser dirigida de forma que no interfiera con los derechos democráticos.
En su opinión, el estado de excepción podría ser utilizado por las autoridades para restringir la libre circulación de los ciudadanos, lo que pondría en peligro la integridad de las elecciones primarias.
Asimismo, Mena cuestionó la legalidad de la prórroga del estado de excepción, señalando que, de no ser publicada en el diario oficial La Gaceta, la medida perdería sustento legal.
En sus palabras, "las fuerzas de seguridad pública han seguido aplicando la medida sin el respaldo oficial, lo que genera un vacío jurídico y vulnera derechos fundamentales".
Posición de la Secretaría de Seguridad
Por otro lado, el director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, comisionado Miguel Martínez Madrid, defendió la extensión del estado de excepción como una medida necesaria para garantizar la seguridad durante las elecciones primarias.
Según Martínez, la medida no afectará a la población general, ya que no habrá detenidos ni allanamientos. En cambio, destacó que el principal objetivo es prevenir bloqueos y sabotajes perpetrados por estructuras criminales, lo que contribuiría a un proceso electoral ordenado y accesible para todos los ciudadanos.
"El estado de excepción fortalecerá las capacidades operativas de la Policía Nacional, permitiéndole neutralizar amenazas específicas sin perjudicar a la ciudadanía en general", afirmó Martínez.
A pesar de las críticas, insistió en que la medida es esencial para asegurar el libre ejercicio del sufragio y prevenir incidentes como los que -relató- ocurrieron en elecciones pasadas en El Paraíso, Copán, donde el crimen organizado intentó impedir el voto de más de 600 personas.
Un prolongado debate sobre la legalidad
La extensión del estado de excepción quedó formalizada mediante el decreto PCM 10-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta, y continuará vigente hasta abril de 2025, abarcando 226 de los 298 municipios del país.
Sin embargo, la discusión sobre su legalidad y pertinencia sigue siendo un tema candente en la política nacional.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación de que el uso prolongado del estado de excepción pueda debilitar la institucionalidad y erosionar la confianza en el proceso electoral.
Las críticas apuntan a que esta medida, que restringe derechos como la libertad de circulación y de reunión, no ha mostrado los resultados esperados en términos de reducir la violencia y mejorar la seguridad en el país.
El impacto del estado de excepción en el proceso electoral
A menos de un mes de las elecciones primarias, el ambiente en torno al estado de excepción continúa siendo incierto.
Mientras el Gobierno defiende la medida como esencial para garantizar la seguridad de los ciudadanos, diversos sectores insisten en que debe existir un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales, para que las elecciones se desarrollen en condiciones plenamente democráticas.
Desde su implementación en diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido extendido en 19 ocasiones, afectando la libertad personal, de asociación, de reunión y de circulación de los ciudadanos. A continuación, se detalla el período de cada prórroga:
- Del 6 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023
- Del 7 de enero al 20 de febrero de 2023
- Del 21 de febrero al 6 de abril de 2023
- Del 7 de abril al 21 de mayo de 2023
- Del 22 de mayo al 5 de julio de 2023
- Del 6 de julio al 19 de agosto de 2023
- Del 22 de agosto al 3 de octubre de 2023
- Del 4 de octubre al 17 de noviembre de 2023
- Del 18 de noviembre de 2023 al 1 de enero de 2024
- Del 2 de enero al 15 de febrero de 2024
- Del 19 de febrero al 4 de abril de 2024
- Del 4 de abril al 19 de mayo de 2024
- Del 20 de mayo al 3 de julio de 2024
- Del 4 de julio al 18 de agosto de 2024
- Del 18 de agosto al 2 de octubre de 2024
- Del 2 de octubre al 16 de noviembre de 2024
- Del 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025
- Del 6 de enero al 19 de febrero de 2025
- Del 19 de febrero al 5 de abril de 2025
