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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció tras la aprobación del decreto impulsado por Luis Redondo, que ordena el recuento voto por voto en las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de Honduras.



A través de su cuenta de X, el organismo indicó que “las voces de 3.8 millones de hondureños se han alzado, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados electorales. Los intentos de anular ilegalmente las elecciones hondureñas tendrán graves consecuencias. La violencia política no tiene cabida en el proceso democrático”.



El mensaje agregó que “los hondureños merecen una transición pacífica del poder. Esperamos trabajar con el presidente electo Nasry Tito Asfura para avanzar en nuestros objetivos compartidos”.



<blockquote class="twitter-tweet">🔴<a href="https://twitter.com/hashtag/RadioHRN?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#RadioHRN</a> Estados Unidos rechaza intento de anular la declaratoria oficial del CNE sobre las elecciones. 👇<a href="https://t.co/NXSn5s8rPY">https://t.co/NXSn5s8rPY</a> <a href="https://t.co/dgIyACZqFt">https://t.co/dgIyACZqFt</a>— Radio HRN (@radiohrn) <a href="https://twitter.com/radiohrn/status/2010044386151956556?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2026</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<h2>Decreto de realizar escrutinio general </h2>



El decreto de Redondo fue aprobado la noche del jueves en sesión extraordinaria, sin la presencia de la oposición y sin quórum, generando rechazo en varios sectores. 



En él, se instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de todas las actas de cierre en los tres niveles electivos, justificando la medida por la existencia de 306 actas no contadas en presidenciales, 2,620 en diputaciones y 1,848 en alcaldías, con una carga electoral de más de 1.5 millones de ciudadanos.



El Artículo 2 ordena a una Comisión Especial de Investigación presentarse ante el Ministerio Público para exigir responsabilidades penales al CNE por no realizar el escrutinio completo, el presunto fracaso del sistema TREP, la no utilización del sistema biométrico y la supuesta adulteración de actas.



El decreto también establece la resolución de impugnaciones, la remisión de los resultados finales al Congreso Nacional y la Declaratoria Oficial de las Elecciones Generales 2025, además de condenar la injerencia de EE. UU. durante el proceso electoral.



Diputados de la oposición han calificado la acción de Redondo como un autogolpe al sistema democrático, mientras que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, pide respetar los resultados certificados por el CNE y garantizar una transición pacífica del poder.



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