Las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos han puesto nuevamente sobre la mesa el tema migratorio, con un enfoque más estricto para el próximo mandato de Donald Trump, quien asumirá el 20 de enero de 2025.
Durante la campaña, tanto Trump como su compañero de fórmula, JD Vance, prometieron un plan agresivo de deportaciones masivas que ha generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes y activistas de derechos humanos.
Una política de tolerancia cero
Según medios internacionales, el nombramiento de Tom Homan, exdirector de ICE, como el nuevo encargado de la política migratoria refuerza la postura estricta del próximo gobierno.
Durante una reciente entrevista en Fox News, Homan afirmó que las deportaciones se centrarán en aquellos inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para la seguridad nacional y pública.
Según sus declaraciones, existen más de 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y órdenes finales de deportación que serán el objetivo principal.
“No se trata de un delito sin víctimas”, enfatizó Homan, vinculando el tema migratorio con el aumento del tráfico sexual y el terrorismo, una narrativa recurrente en la campaña republicana.
¿Quiénes están en la mira?
Aunque la prioridad declarada incluye a extranjeros con antecedentes criminales y miembros de pandillas, las deportaciones masivas podrían afectar a un espectro mucho más amplio, según la cadena internacional Univision. Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran:
- Personas con órdenes finales de deportación.
- Individuos con antecedentes penales.
- Migrantes que hayan ingresado al país de forma irregular.
- Quienes representen un riesgo para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.
Contexto y prioridades
Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), se establecieron prioridades de deportación que podrían ser reinstauradas.
Estas incluían a quienes hayan cometido delitos, incurrido en fraude, abusado de beneficios públicos o representen un riesgo para la seguridad nacional.
Estas categorías podrían ampliarse bajo la nueva administración, lo que incrementaría el número de posibles deportados.
Un sistema judicial saturado
El sistema judicial de inmigración enfrenta un colapso. Según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC), hay más de 3.7 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, tres veces más que al inicio del gobierno de Biden.
Este panorama plantea dudas sobre la capacidad operativa del gobierno para cumplir con su meta de deportar a más de un millón de personas en el primer año.
Además, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó que 37,395 extranjeros están actualmente detenidos, de los cuales el 60% no tiene antecedentes penales, mientras que muchos otros han cometido solo infracciones menores.
Comunidades vulnerables
El impacto de estas políticas se sentiría con mayor fuerza en comunidades como:
- Beneficiarios de programas temporales.
- Menores no acompañados con órdenes de deportación en ausencia.
- Solicitantes de asilo que no acudieron a sus citas judiciales.
Un informe de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) reveló que, entre 2015 y 2024, se emitieron 793,543 órdenes de deportación en ausencia, lo que significa que estas personas no se presentaron a sus audiencias.
Con la implementación de estas políticas, surgen interrogantes sobre la capacidad del gobierno para ejecutar deportaciones masivas, los derechos de los inmigrantes en riesgo y las acciones que pueden tomar para defenderse.
Mientras tanto, defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones legales se preparan para enfrentar lo que podría ser una de las políticas migratorias más severas en la historia reciente de Estados Unidos.
