El Ministerio Público (MP) anunció este lunes la revocación de las medidas distintas a la prisión preventiva dictadas previamente contra Carlos Alejandro Aguilar Ponce, exalcalde de La Ceiba, y el exsecretario municipal, Janios Asbel Cruz Núñez, quienes serán remitidos a prisión.
De acuerdo con el comunicado del ente acusador, ambos enfrentan acusaciones graves: Aguilar Ponce por abuso de autoridad, fraude y uso de documentos falsos, y Cruz Núñez por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
Dichas acciones fueron logradas a través de la Fiscalía Especial de Impugnaciones (FEI) en coordinación con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), según el MP.
Es así que la resolución de imponer la medida cautelar de prisión preventiva fue aprobada por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Cambio de medidas contra el exalcalde y el exsecretario
El Ministerio Público había solicitado la revocación de las medidas debido a que el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción había dictado auto de formal procesamiento con medidas alternativas, a pesar de que los fiscales presentaron 27 pruebas documentales, un informe preliminar de auditoría forense ratificado por peritos oficiales y evidencia física material.
La investigación, conducida por fiscales del Circuito Anticorrupción, reveló que, tras recibir denuncias de exregidores, se comprobó que el exalcalde Aguilar Ponce y el exsecretario Cruz Núñez falsificaron un acta municipal, según lo informado por el MP.
Así se añadió una adenda para otorgar a una empresa privada la recolección de desechos sólidos para generar energía durante 30 años. Este punto nunca fue discutido en sesión de corporación municipal, pero fue firmado por el alcalde a pesar de ser falso.
Según el MP, el contrato, que sobrepasaba el período de gobierno, fue llevado al Congreso Nacional sin la adenda para su aprobación y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta. Sin embargo, la adenda fue publicada extrañamente después, sin haber sido conocida en el hemiciclo legislativo.
Debido a estas irregularidades y la falsedad del contrato, el acuerdo nunca se ejecutó, lo que llevó a la empresa afectada a demandar a la municipalidad de La Ceiba por un monto cercano a los 1,000 millones de lempiras (L 947,667,984.59). Esta suma es impagable para una alcaldía en quiebra.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).
