Las autoridades hondureñas capturaron este martes al exempleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Raúl Amílcar Rivera Montoya en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de La Lima, Cortés, atendiendo una alerta roja de Interpol.
Según información de noticiero Hoy Mismo, de TSi, a Rivera Montoya se le acusa por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con la contratación fraudulenta para el transporte de material electoral para las elecciones primarias del pasado 9 de marzo de 2025.
La detención fue confirmada por la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, tras su arribo en un vuelo de deportados.
Rivera Montoya, exempleado del CNE, fue requerido por los tribunales con competencia nacional en materia penal por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles.
Requerimiento fiscal por millonario perjuicio al Estado
La captura del exempleado del CNE se da en el marco de un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), por un perjuicio económico al Estado de más de 64 millones de lempiras (64,789,021.78 lempiras).
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De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el caso involucra la contratación irregular de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., la cual fue seleccionada para movilizar material electoral sin cumplir con los requisitos técnicos ni contar con una flota vehicular registrada.
El contrato, firmado el 7 de marzo de 2025, dos días antes de las elecciones, excedió en más de 21 millones de lempiras el presupuesto original.
Funcionarios y empresario acusados
Además de Rivera Montoya, también fueron acusados Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del CNE; y los miembros de la Comisión Evaluadora Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez.
Todos son señalados por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Por su parte, Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa contratada, enfrenta cargos por fraude.
Irregularidades en la contratación
Conforme a lo informado por el MP, las investigaciones revelan que la Comisión Evaluadora y el excoordinador del proyecto recomendaron la adjudicación del contrato pese a que la empresa no tenía la capacidad técnica ni logística requerida.
Según la Unidad de Inteligencia Patrimonial, la empresa apenas contaba con 10 cabezales y dos camiones, contradiciendo el informe oficial que aseguraba la disponibilidad inmediata de vehículos pesados y livianos.
Asimismo, se utilizó transporte de pasajeros (buses ejecutivos o 'rapiditos') para movilizar el material electoral, práctica no contemplada en los pliegos de condiciones del proceso de licitación.
A pesar de estas irregularidades, los funcionarios no declararon fracasado el procedimiento ni aplicaron las sanciones estipuladas, lo que refuerza las sospechas de colusión entre autoridades del CNE y el contratista.
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