La abogada Norma Iris Coto, exmagistrada del Poder Judicial, destacó en declaraciones a Diario Matutino de HRN la importancia de esta sentencia, señalando que establece un precedente significativo contra los atropellos al Poder Judicial, haciendo hincapié en la grave intromisión de los poderes del Estado en este caso.
"Los magistrados destituidos no fueron escuchados en su momento, lo que agrava la violación a sus derechos", añadió Coto.
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Por su parte, la exmagistrada Rosalinda Cruz de Williams, una de las afectadas, celebró la decisión de la CIDH como un acto de justicia para los cuatro exmagistrados, calificando la sentencia como un hito histórico en la defensa de la independencia judicial.
"La destitución fue un ataque directo al principio de separación de poderes, una base fundamental de nuestra democracia", declaró Cruz de Williams.
Además dijo: "La destitución fue un hecho histórico muy negativo; se violentó el principio de la independencia de los poderes del Estado".
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Los magistrados afectados, José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, han sido reconocidos por la Corte como "víctimas" de una destitución ejecutada por una autoridad incompetente, lo cual constituye una infracción directa a la garantía de independencia judicial que deben ostentar los magistrados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia histórica contra el Estado de Honduras, declarándolo culpable por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, un evento que ha marcado un precedente significativo en la lucha contra la violación de la independencia judicial en la región.
Según las investigaciones fiscales, Juan José Pineda Varela, expresidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y Ricardo Rodríguez, exmagistrado del TSC, junto a Douglas Javier Murillo Barahona (jefe de auditores), Karen Yadira Martínez Villatoro (Directora Legal) y Santiago Antonio Reyes Paz (Secretario General del TSC), incurrieron en la comisión del delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Pública. Asimismo, se les imputa el delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Este fallo de la CIDH no solo reivindica a los magistrados destituidos, sino que también envía un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la importancia de respetar los principios democráticos y la independencia judicial como pilares fundamentales del estado de derecho.
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