La distribución de los recursos públicos carece de equidad, ya que es el reflejo de un fallido sistema económico promovido por el actual gobierno "autoritario", en opinión del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

En un análisis de coyuntura, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), recrimina que el presupuesto aprobado para 2020 es "deshumanizado", porque no refleja la crítica situación del entorno nacional, marcada por la extrema pobreza, la alarmante crisis migratoria, la deuda pública y el alto costo de vida.

La economía está casi paralizada por las cargas tributarias y costos financieros, y por las variaciones de los mercados internacionales. Los sectores sociales y la inversión pública han sido sacrificados a cambio de reflejar equilibrio de las cifras fiscales, subraya el documento.

A juicio del depuesto ex gobernante, el plan de ingresos y gastos de 2020 no incluye las demandas de inversión en el sector productivo, lo que permitiría una mejora en las condiciones de vida de la población.

Contrario a lo que afirman los funcionarios del Gabinete Económico, la coordinación de Libre considera la deuda pública contraída por la actual administración afectará a cinco generaciones.

Condena Zelaya Rosales que, solamente en 2020, el país pagará 42,000 millones de lempiras en intereses y capital al sector financiero. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), revelan que el endeudamiento era de 3,000 millones de dólares hace diez años.

Hoy día, estos compromisos rondan los 12,000 millones de dólares, sin tomar en cuenta la deuda flotante que alcanza una cifra extremadamente alta y difícil de cubrir.

En otra parte del documento divulgado por el ex titular del Poder Ejecutivo, en nombre del partido LIBRE, se subraya que del sector energía se desprende otra deuda onerosa de decenas de millones impagables.

Finalmente se hace referencia a la caída de la inversión extranjera en un 40 por ciento, el crecimiento pírrico de la economía nacional, la devaluación del lempira y la ampliación de las exoneraciones, en un país donde seis de cada diez hondureños viven en la pobreza.

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