El cobro de extorsión y el asedio de la delincuencia organizada asfixian a maestros y al sistema educativo hondureño en los principales centros urbanos del país.

Esta crisis criminal provoca el cierre de centros educativos privados, el abandono de plazas y el desplazamiento forzado de cientos de docentes.

Escuelas privadas obligadas a cerrar o mudarse por extorsión

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), Carlos Sabillón, advirtió que los grupos criminales extorsionan a los centros educativos directamente como empresas.

Esta situación afecta con mayor severidad a ciudades clave como el Distrito Central y San Pedro Sula, donde los propietarios se ven forzados a reubicar sus instalaciones.

"Hay centros educativos que han tenido que cerrar o reubicarse de un local a otro, de un barrio a otro, precisamente por ese fenómeno. En otros casos, los colegios cancelan las líneas telefónicas fijas para no recibir las llamadas de los delincuentes", denunció Sabillón al noticiero TN5 Matutino, de Canal 5, de Televicentro.

Más de 500 maestros víctimas de desplazamiento forzado

Por su parte, el delegado del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Ricardo López, confirmó el grave impacto que sufre el magisterio nacional debido a las amenazas y extorsión del crimen organizado.

Según los registros del organismo defensor de derechos humanos, los profesores figuran entre los sectores laborales más golpeados por la violencia en el país.

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"En 2026 hemos reportado 553 docentes que han denunciado estar en riesgo o haber sido víctimas de un desplazamiento forzado. Los maestros siguen siendo uno de los grupos más afectados por el desplazamiento interno vinculado a la extorsión", precisó López en entrevista para La Tarde, de HRN y TSi.

Ante este panorama, el Conadeh instó al Estado a agilizar los procesos de traslado de emergencia y a reforzar los esquemas de protección para los educadores amenazados.

Secretaría de Educación exige denuncias por escrito para actuar

En respuesta a las denuncias de los gremios, la subsecretaria de Educación, Angélica Yaneth Sandres, aclaró que el Poder Ejecutivo no registra reportes oficiales de centros bajo amenaza de extorsión.

Sobre el mismo particular, la funcionaria supeditó la intervención de las fuerzas de seguridad estatales a que los directores de los planteles presenten notificaciones formales por escrito.

"La Secretaría de Educación no ha recibido hasta este momento una información oficial o notificaciones por escrito de los centros que están siendo amenazados. Necesitamos que los directores reporten de manera oficial para canalizar el apoyo con la Secretaría de Seguridad", argumentó Sandres.

Pese a las posturas contradictorias entre el sector privado de la educación, los defensores de derechos humanos y las autoridades gubernamentales, los sectores involucrados coinciden en que se requieren acciones interinstitucionales urgentes para frenar la violencia e impedir que los estudiantes pierdan el año escolar.

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