Con grilletes y cadenas en manos y pies, protegido con un chaleco antibalas y fuertemente custodiado por elementos de fuerzas especiales. Esta histórica e impactante imagen del ex presidente Juan Orlando Hernández ha quedado grabada y se trata del momento en que salió de su vivienda y fue detenido para ser presentado a las autoridades competentes como parte del proceso que se le sigue en su calidad de extraditable.
La decisión de conceder o denegar la solicitud presentada por Estados Unidos está en manos del magistrado nacionalista Edwin Cruz, en un proceso que podría tomar entre dos y tres meses.
Hernández es señalado por la justicia norteamericana por los cargos de tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales del área.
El expresidente en el período 2014-2022, es responsable de conspirar, fabricar y poseer drogas ilícitas con la intención de distribuirlas en Estados Unidos; facilitar la adquisición, el uso y portación e importe de armas de fuego explosivos y similares, con el fin de conspirar para el transporte de drogas hacia Estados Unidos, detalla el informe en el que se sustentan las imputaciones a Hernández.
En el documento remitido por la Embajada del país norteamericano en Tegucigalpa, se revela que el ex gobernante participó en conspiraciones violentas de narcotráfico para recibir más de 500,000 kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela para luego hacer llegar los cargamentos a la frontera con Guatemala con destino final hacia Estados Unidos.
Una publicación del sitio especializado “Insight Crime” explica: El hermano del solicitado en extradición, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado por delitos de drogas y armas hace más de dos años, en octubre de 2019.
Durante ese juicio, el expresidente tuvo importantes menciones. Fue vinculado con un posible soborno por un millón de dólares que entregó a Tony el exjefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Asegurar la justicia es un paso clave para combatir la violencia y la corrupción, subraya un comunicado de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
El propio ex gobernante reaccionó temprano a la petición de extradición presentada por Estados Unidos. En sus redes sociales, escribió que estaba listo para someterse a la justicia. Finalmente, ha sido detenido en atención a una orden girada por el juez que conoce del proceso.
Los abogados defensores del ex gobernante demandaron que se respete en todas sus fases el auto acordado por el cual es viable la extradición de hondureños solicitados por la justicia de Estados Unidos.
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En una carta suscrita por los abogados, se refiere que el proceso se ventila en dos audiencias. En la primera se comunica al extraditable por qué cargos es acusado y, en la segunda, son presentadas las pruebas.
Posteriormente la resolución judicial puede ser emitida en un período que el juez considera oportuno y que puede tomar entre dos y tres meses.
El Departamento de Justicia de EE UU lleva muchos años investigando al ex mandatario Juan Orlando Hernández. El pedido de extradición estaba previsto y si hubiese viajado a EE UU lo hubieran detenido allá, han declarado consultores internacionales.
Hay evidencia fuerte de responsabilidad del ex mandatario por delitos asociados con el crimen organizado y el narcotráfico, ha dicho el ex agente de la DEA, Mike Vigil, durante su participación a través de HRN.
EE UU no acusa a nadie si no existen pruebas, ha recalcado Vigil. A renglón seguido, el entrevistado señaló textualmente: “los criminales deben saber que tarde o temprano llegará la justicia”.
Algunos miembros de la empresa privada nacional han destacado, de su lado, que “el peso de la justicia caiga sobre quien corresponda y recriminado lo que ellos consideran “incapacidad, complicidad y corrupción de los operadores de justicia”.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha urgido a la Corte Suprema de Justicia actuar con imparcialidad y sin conflicto de intereses en la resolución de la solicitud de extradición a Estados Unidos de Hernández.
En este entorno convulsivo, diversos sectores se han pronunciado por que el caso que implica al ex presidente Hernández sea manejado con toda legalidad y en estricto respeto al debido proceso.
