El retraso en la sentencia contra el hondureño Roberto David Castillo por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres preocupa a la familia y a sus abogados pues temen que esto no permita llevar ante la Justicia a los autores intelectuales del crimen.
En entrevista con Efe, Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Cáceres, dijo el miércoles (10.11.2021) que dictar la sentencia contra Castillo ayudaría a "cerrar un ciclo" y "evitar (la) revictimización".
"Si no se cierra el ciclo es una especie de revictimización para la familia de Berta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad nacional e internacional que está reclamando un cierre de esta fase", señaló.
De no concluir este ciclo contra Castillo, según Fernández, no se podrá continuar "la persecución de los autores intelectuales" del asesinato de Berta Cáceres, y destacó la importancia de "no darle armas a los perpetradores de este crimen para que piensen que es posible la impunidad".
El abogado cree que ya es más que suficiente el tiempo que ha tenido el Tribunal de Sentencia para dictar la pena que deberá cumplir Castillo, quien era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Cáceres fue asesinada.
Castillo fue declarado culpable el pasado 5 julio como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del COPINH.
La ambientalista, quien fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 en su casa, en La Esperanza, occidente del país, se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
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Acceso a la justicia
La sentencia dará "certeza de que se (tuvo) acceso a la justicia", subrayó Fernández, quien expresó su preocupación por los retrasos en la lectura de la pena contra Castillo, un militar hondureño que podría ser condenado a 20 o 25 años de prisión.
"Hay un fallo y una sentencia pendiente que no sabemos cómo se va a elaborar, nos preocupa que transcurrido tanto tiempo el Tribunal de Sentencia no recoja exactamente lo que sucedió en el juicio, no argumente correctamente a partir de la prueba evacuada y la jurisprudencia de la doctrina", explicó.
Los retrasos en la lectura de la resolución la volverían "vulnerable" y "susceptible de un recurso, y puede desbaratarse" el caso, subrayó el abogado.
La familia de la líder indígena espera que la sentencia sea elaborada "correctamente, se valoren todas las pruebas, que no haya una interpretación antojadiza, porque eso la hace vulnerable y hace posible que prospere un recurso contra ella", señaló Fernández.
Agregó que la lucha de la familia de Berta Cáceres todavía no termina, porque todavía "falta la autoría intelectual, la reversión de la concesión (de la represa) y todo el proceso de la reparación de los daños causados".
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Estructura de poder
La familia de la ambientalista se enfrenta a "una estructura de poder, a la estructura económica que asesinó a Berta Cáceres, que no solo es (Roberto) David Castillo, es la empresa DESA, el sistema financiero nacional e internacional que financió e incluso sigue beneficiando a los empresarios" que se beneficiaron de la concesión de la represa hidroeléctrica, enfatizó.
El caso de la ambientalista es uno de los de "mayor impacto en los últimos tiempos en el país y debe tener prioridad para emitir la sentencia", señaló Fernández, quien expresó su preocupación por el funcionamiento del sistema de justicia de Honduras.
"Entramos en una vorágine política, posiblemente estos recursos o casos no los va a resolver la actual Corte (Suprema de Justicia) y cuando las cosas no se resuelven en el plazo que dice la ley, quedan sujetas a manipulaciones", añadió.
Este tipo de manipulaciones ocurren "más en sociedades como la nuestra, en Estados como el nuestro, tan vulnerable, tan sometido a presiones, intervenciones e injerencias de todo tipo”, acotó el abogado de la familia de Berta Cáceres.
