Un balance fiscal es una condición sin la cual no es posible tener orden en la hacienda hondureña, muy presionada por el alto endeudamiento y el gasto improductivo, además de la distribución inequitativa de los recursos.

De ahí la connotación que tiene el planteamiento de un Pacto Fiscal que se ha retomado en el actual momento crucial que vive el país y que es condicionado por la pandemia covid-19.

De todos es conocido que las finanzas públicas están maltrechas y que la reapertura económica no es sinónimo de una reactivación del aparato productivo para la generación de riqueza, el rescate de empleos perdidos y la creación de más plazas laborales.

La eventualidad por la que atraviesa Honduras es mucho más compleja que las de otras naciones de la región. Se recuerda que nuestro país ha mostraba una desaceleración económica antes de que se implantara la pandemia covid-19.

Ahora los indicadores son más que negativos. El Producto Interno Bruto ha caído en diez por ciento, las exportaciones e importaciones totales se derrumbaron en 1,800 millones de dólares, el 60 por ciento de las empresas que todavía están en pie enfrentan dificultades mayores y el 40 por ciento ya fenecieron.

Por la pérdida o suspensión de casi dos millones de empleo en la economía formal y en mercado informal y debido a la agudización de los problemas sociales, se prevé que la pobreza se elevará más allá del 70 por ciento.

Los analistas, principalmente los versados en economía y finanzas concuerdan en que Honduras no tiene un plan de contingencias para reencauzar al país y reactivar su corazón productivo.

La respuesta a los embates de la pandemia sobre la economía está en un reordenamiento de las finanzas que descanse sobre la reducción del tamaño del gobierno, la disminución de los gastos y la distribución más justa y equitativa de los magros recursos con los que cuenta el país.

Planificar el desarrollo del país implica una visión de largo plazo y un compromiso de todos los sectores para alcanzar un consenso por Honduras.

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