"Honduras (que figura en la escala 23, desde 0 hasta 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción) también se ha enfrentado a un debilitamiento significativo del sistema de pesos y contrapesos institucionales. La captura cada vez mayor del Congreso (Parlamento) por parte del Poder Ejecutivo ha permitido el nombramiento del fiscal general por parte del Legislativo sin ninguna transparencia y en forma ilegal", subraya el informe.

Añade que Honduras también "vive ataques cada vez más frecuentes contra la prensa y las organizaciones de base que interpelan al poder para que rinda cuentas, consolidando así la tendencia autoritaria en el norte de América Central".

El nuevo fiscal general del Estado y el fiscal adjunto de Honduras debieron ser electos, con una mayoría calificada de 86 de los 128 diputados del Parlamento, a más tardar el 31 de agosto de 2023 para que asumieran el 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consensos entre las bancadas de los partidos que integran el Legislativo.

El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), solamente cuenta con 50 diputados.

De manera interina, una Comisión Permanente del Parlamento, integrada con nueve diputados oficialistas el 1 de noviembre por su titular, Luis Redondo, eligió ese mismo día a Johel Zelaya como fiscal general, y a Mario Morazán, como fiscal adjunto.

La mayoría de las fuerzas de oposición no reconocieron a la Comisión Permanente creada por Redondo, ni a los dos nuevos fiscales interinos.

Hasta ahora se desconoce cuando serán electos los dos nuevos fiscales en propiedad.

El pasado día 27, cuando cumplió dos años de su mandato de cuatro, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró que su Gobierno está combatiendo de frente la corrupción.

La corruptela, pública y privada, ha afectado al país a lo largo de toda su historia y, según diversas fuentes, es una de las principales causas de la pobreza que afecta a más del 60 %.

Al asumir el poder, Xiomara Castro prometió la llegada al país de una misión internacional para combatir la corrupción, con el apoyo de las Naciones Unidas, lo que todavía no ha ocurrido, aunque según las autoridades de Tegucigalpa, se avanzado bastante y la promesa de la mandataria será realidad.

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