En el seno del Congreso Nacional se ha profundizado la polémica por la intención de crear una nueva figura que, en esencia, es la reactivación del cuestionado Fondo Departamental.
Los diputados no deben manejar recursos, sino desempeñar un papel de gestores de obras de desarrollo en sus respectivas comunidades, más aún si éstas son las más postergadas, han señalado sectores críticos.
Este juicio de valor lo han subrayado representantes de la sociedad civil, quienes han insistido en un hecho claro: si no se verifica la utilización de los recursos ni los destinatarios, el Fondo Departamental -o como se le denomine en lo sucesivo- seguirá siendo una fuente de corrupción.
Los diputados pretenden desempeñar una función asistencialista, pero sin ser auditados o, en el mejor de los casos, rendir sus cuentas ante organismos contralores “politizados”, han considerado analistas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
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En el mismo seno de la Cámara Legislativa, miembros de fuerzas políticas contrarias al oficialismo han considerado inoportuno que los congresistas sean administradores de fondos, en lugar de fortalecer su función de gestionar proyectos de desarrollo social.
El Fondo Departamental que ahora se perfila a cobrar vida bajo el nombre de Fondo Social Comunitario, ha sido catalogado como un mecanismo para el tráfico de voluntades, negociación de cuotas de poder y una herramienta para la compra de los votos.
La entrega de dinero a los diputados ha sido una “piñata” y no un esquema para llevar alivio a los sectores más postergados de la población.
Se recuerda que la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), solicitó la eliminación del cuestionado Fondo y, asimismo, el procesamiento de los diputados que utilizaron dineros públicos para su beneficio particular, aprovechándose de la falta de mecanismos de auditoría rigurosos.
Se estima que alrededor de 2,500 millones de lempiras fueron distribuidos a los diputados en 12 años con propósitos no tan legítimos, tal y como lo dejan al descubierto los múltiples casos de corrupción desprendidos de esa gigante repartición de dinero.
En 2017 el Tribunal Superior de Cuentas integró una unidad especial para que colocara bajo investigación a unos 750 legisladores y exdiputados que habían sido receptores de recursos del Fondo Departamental en el período entre 2006 y 2018.
Hasta 2022, sin embargo, la entidad de contraloría únicamente había presentado 60 auditorías con hallazgos que dan lugar a acciones por graves responsabilidades.
Si a lo que se aspira es a adecentar la clase política, los diputados están llamados a poner en una balanza los costos de la reactivación del Fondo Departamental, un mecanismo que se ha considerado como un nido de corrupción, compra de voluntades y tráfico de poder.
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