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Protagónica es la participación que tienen los corruptos hondureños en el área centroamericana. Se estima que la tercera parte de los fondos robados en la región se la llevan los deshonestos del país.



Como es de manejo general, porque es una cifra que incluso ha sido resaltada por altos funcionarios de la administración estadounidense, los corruptos hondureños se apropian de 65,000 millones de lempiras al año, unos 2,650 millones de dólares al cambio actual.



Los organismos de la sociedad civil de Honduras sostienen que de ese monto únicamente pueden ser recuperados de 3,000 a 4,000 millones de lempiras, por lo que presionan para que se vaya en busca de los que se han apropiado de los recursos públicos, se les lleve a la cárcel y se les obligue a devolver el dinero desviado.



En Guatemala, los "indecentes" clavados en las estructuras públicas le han ocasionado a ese país un costo de 60,000 millones de quetzales, equivalentes a 8,000 millones de dólares, todo el presupuesto de un período fiscal, según los cálculos más moderados que han elaborado los mismos funcionarios de cúpula del gobierno del presidente Alejandro Giammatei.



La apropiación y el desvío de los dineros, ha sido también una práctica que ha contaminado el ejercicio de la administración pública en El Salvador.



Un informe de organismos de la sociedad civil de aquel vecino país que data de hace tres años subraya que las pérdidas por motivo de la corrupción es de al menos 550 millones de dólares, que representan el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



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Es la cantidad que se estima han dejado de recibir las arcas salvadoreñas por causa de la corrupción y que, en su mayor parte, han ido a dar a las manos de ex presidentes y de funcionarios con sobresueldos.



En Nicaragua la información acerca del impacto de las actividades de los "deshonestos" está en reserva; sin embargo, algunos de los análisis formulados por órganos externos ubican al país en uno de los primeros escalones de percepción de corrupción.



En Honduras está anunciada para este mes la llegada de una misión exploradora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que sentará las bases para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).



Hay un contraste entre los sectores, cuyo criterio incide en la opinión pública. Para unos, la operación de la CICIH en Honduras representa un favorable mensaje para tomar de nuevo las líneas de investigación y la política de rendición de cuentas que fueron abandonadas cuando fue expulsada la MACCIH.



Otros segmentos tienen sus dudas de que la CICIH pueda cumplir con las expectativas de la población hondureña para que sean perseguidos y castigados los corruptos por el antecedente de la amnistía política.



Como se recuerda, gracias a ese privilegio se han distribuido cartas de libertad a figuras destacadas de la administración del ex presidente Manuel Zelaya, como son los casos del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el ex gerente de HONDUTEL, Marcelo Chimirri.



El reclamo generalizado es que se den pasos en la dirección de una lucha frontal contra los corruptos en Honduras, donde la podredumbre ha echado raíces profundas.