Sectores representativos de la hondureñidad tienen un criterio uniforme en el sentido que no es cierto que se le haya ganado la partida a la criminalidad organizada. Esa batalla está fracasada o, al menos, no tiene resultados contundentes.
Las investigaciones del sitio especializado Insight Crime ponen acento en un punto: el territorio nacional se ha vuelto muy fructífero en la producción de cocaína y ha tomado potencialidad en la colocación del fentanilo o “droga zombie” para su consumo masivo.
Funcionarios del más alto rango de las unidades especiales de Seguridad y de Defensa sostienen a una sola voz que las bandas ocupadas en el transporte, distribución y venta de estupefacientes han recibido duros golpes.
Las Fuerzas Armadas informaron que, al cierre del período pasado, fueron incautados unos siete millones de arbustos de hoja de coca y más de 26,000 libras de marihuana.
La Policía reportó seis millones de arbustos de hoja de coca destruidos y cerca de 240,000 plantas de marihuana incineradas, en tanto la Dirección Policial Antidrogas registró el decomiso de alrededor de 7,000 paquetes de cocaína.
Un dato adicional en el que se apoyan los informes gubernamentales apunta que seis pistas clandestinas quedaron destruidas el año que recién terminó, en contraste con 13 áreas que habían sido inhabilitadas en 2022, y en comparación con las 400 zonas que fueron inutilizadas desde 2014 para el transporte aéreo de drogas, principalmente hacia México y Estados Unidos.
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En contraposición a estos balances numéricos, lo concreto es que Honduras se ha constituido en un país de obligado tránsito de drogas, dado que su ubicación geográfica permite una fácil conexión entre la zona de producción y la región de consumo de sustancias ilícitas.
Es un hecho incuestionable que nuestro país es un nicho donde ha prosperado el procesamiento, el trasiego y el consumo de drogas con sus demoledores efectos para nuestra sociedad y nuestro Estado de Derecho.
¡Qué vergonzoso que nuestro aparato institucional de persecución del delito, ejercicio de la acción penal e impartición de justicia se haya debilitado frente al monstruo de mil cabezas del crimen organizado!
Es así. Los grandes líderes de las redes del narcotráfico son perseguidos, extraditados y juzgados por la justicia estadounidense y no por las instituciones nacionales a las que corresponde esas tareas.
Esto es un contrasentido que hay que poner sobre la mesa de un amplio debate, antes de que las redes de la corrupción y del crimen organizado terminen por perpetuar a Honduras como un narco-Estado.
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